Los problemas para adquirir carros, la preferencia que el Gobierno ha dado a la importación y ensamblaje de motocicletas, la inflación y el tráfico no solo han frenado el aumento de vehículos de cuatro ruedas (que se mantienen en alrededor de 1,7 millones en la Gran Caracas desde hace cuatro años) sino que han disparado la cantidad de motos.
Según cálculos de la Sociedad Venezolana de Ingeniería de Transporte y Vialidad (Sotravial), el número de las mismas en estos momentos en Caracas es superior a las 500 mil unidades, más del doble de las que había hace cuatro años, pues la última cifra oficial data de 2009 y en ese entonces se hablaba de 210 mil motos.
Este aumento inusitado ha hecho que resulten inaplicables algunas medidas como la de retomar la prohibición de que los motorizados circulen por las autopistas, que se mantuvo en vigencia entre 1985 y 2003 (en Libertador se revocó en 2001). El colapso que dicha prohibición traería a estas alturas en las principales avenidas de la capital hace que esa propuesta ya no tenga ningún sentido a efectos prácticos, en opinión de algunos especialistas.
Sin reglas claras
Pero es precisamente este veloz crecimiento lo que hace todavía más urgente que se ponga orden en este gremio: «Es inconcebible que ni siquiera esté en vigencia todavía el reglamento al que deberían atenerse», dice Celia Herrera, presidente de Sotravial. Se refiere al reglamento de la Ley de Transporte para controlar la circulación de motocicletas y servicio de mototaxis del 5 de octubre de 2011, el cual salió en Gaceta pero con una prórroga de seis meses para que entrara en vigencia y luego otra prórroga más en Semana Santa de 2012. Esta última se venció el 5 de octubre de 2012, pero con las elecciones presidenciales nadie se acordó del asunto y ni siquiera se ha vuelto a tocar el tema.
En las reuniones que el gremio de los motorizados ha sostenido desde entonces con el ministro del Interior más bien las exigencias han partido del primero: pidió que el Gobierno construya refugios para las lluvias y baños en las autopistas, entre otras cosas.
Algo parecido sucedió en las reuniones que la semana pasada sostuvieron representantes de 47 cooperativas de motos con Polichacao: las exigencias parten de ellos, y así pidieron que se revisaran 228 multas y que se «flexibilizara» la ley.
Y es eso precisamente, opina Herrera, lo que sucede en la práctica y lo que se debería combatir: la «flexibilización» de las leyes, la vista gorda que se hacen la mayoría de los fiscales de tránsito cuando de motorizados se trata: «El problema no es tanto la proliferación de motos sino la manera en que circulan, como si las leyes de tránsito no tuvieran nada que ver con ellos».
El consultor en seguridad vial Omar Hernández, cree que en primer término los beneficiados del orden van a ser los propios motorizados, y que por eso cualquier campaña vial debería partir de allí: la asociación Paz Activa presentó a principios de año un informe (solo basado en datos hemerográficos) que dice que cada día mueren en Venezuela tres motorizados, y que entre 10 y 15 sufren traumatismos graves.
Sin embargo, no siente que exista de parte de las autoridades ninguna intención de poner orden, y recuerda que cuando aquel reglamento se publicó en Gaceta hace casi dos años se comenzó con un censo que ni siquiera se terminó y al que acudieron apenas 275 mil motorizados en todo el país, cuando se calcula que deben haber más de millón y medio.
Cree que a pesar de la cantidad de anuncios que se han hecho de que ahora sí se meterá a los motorizados en cintura, en realidad prevalece el cálculo político: «Les otorgan permisividad a cambio de que luego los puedan utilizar para amedrentar votantes o disolver protestas estudiantiles. Pero al final no les importan esos muchachos humildes que día tras día pierden la vida en accidentes que se evitarían si alguien hiciera cumplir las leyes».
Fuente EU
