El Gobierno ha logrado dominar la agenda pública con temas que, más allá de distraer a la población de los problemas del país y sacar provecho electoral, tiene como principal propósito perseguir a la oposición, de acuerdo a la apreciación del politólogo Fausto Maso. El debate sobre la habilitante anticorrupción, la ofensiva contra la bancada opositora en el parlamento para disminuirla mediante el allanamiento a la inmunidad parlamentaria como arma política y las reiteradas denuncias de magnicidio así lo señalan.
“El tema de la conspiración es cíclica y se repetirá y se repetirá infinidad de veces. Eso no lo van a olvidar. Venezuela va a vivir con la teoría de la conspiración hasta el fin del chavismo. Detrás de todo esto el único propósito que hay es perseguir a la oposición”.
La primera de estas teorías conspirativas que fue denunciado por Maduro tiene que ver con la supuesta “inoculación” del cáncer a Chávez; luego, advirtió que dicha fórmula se repetiría con él. Previo a las elecciones del 14 de abril acusó a Estados Unidos de estar detrás de un plan para asesinar a su contendor Henrique Capriles para luego culpar al Gobierno, pero a los pocos días dio un vuelco a la denuncia al asegurar que el blanco era él, esta vez ya no del imperio norteamericano sino de “mercenarios salvadoreños”. La cadena CNN no se salvó, pues no tardó en involucrarla en un “plan golpista” junto con la oposición venezolana, específicamente el partido Primero Justicia.
La captura de estos dos ciudadanos colombianos sumaría una raya más a las presuntas conspiraciones que tienen origen en el vecino país. Apenas instalándose en el Gobierno, Nicolás Maduro acusó al expresidente Álvaro Uribe de estar detrás de presuntas conspiraciones contra su gestión; luego de la polémica por el recibimiento del presidente Juan Manuel Santos a Henrique Capriles se dio la captura de los paramilitares que atentarían contra su vida y luego se creó un escándalo con la compra de 18 aviones de guerra por parte de la oposición para operarlos desde bases norteamericanas en el vecino país.
En los últimos días, el tema de la habilitante para combatir la corrupción y la búsqueda del diputado 99 para lograr el quorum necesario para aprobarla ha acaparado la opinión pública, al igual que el eventual allanamiento a la inmunidad parlamentaria de la diputada María Corina Machado, lo cual tendría relación, pues con la incorporación de su suplente, Ricardo Sánchez, cabría la posibilidad de que el oficialismo consiga el voto que tanto necesita. Sin embargo, el mismo Gobierno dio un giro a la agenda pública, desempolvando nuevamente el reiterado tema del magnicidio.
Eterna conspiración
Con esta suman ya 11 las veces que el presidente Nicolás Maduro ha denunciado presuntos planes de magnicidio en apenas cuatro meses que lleva en el poder. Desde la supuesta inoculación del cáncer hasta la reciente captura de dos sicarios colombianos que pretendían asesinarlo. Desde el vecino país, Estados Unidos y El Salvador se han planificado –según Maduro- las conspiraciones contra su Gobierno. Hugo Chávez hizo lo mismo unas 50 veces en 14 años. Fidel Castro ha hecho mención al tema unas 600 veces desde hace más de 50 años.
Debate habilitante
El problema escogido como bandera para intentar presentar resultados éxitos, frente al desfavorable escenario económico, fue el combate a la corrupción. Luego de una serie de detenciones de funcionarios de organismos del Estado como el Indepabis y el Seniat, el terreno estaba arado para centrarse en la oposición, con especial énfasis en Primero Justicia, lo que se convirtió en la excusa perfecta para colocar en la opinión pública el debate sobre una Ley Habilitante anticorrupción, a pesar de no contar con los votos suficientes en el Parlamento para aprobarla.
Desbancar a la oposición
El camino constitucional de revocar mandatos mediante referendos a mitad de periodo se lo ha saltado olímpicamente el oficialismo, al dedicarse a restarle escaños a la oposición haciendo uso indiscriminado del allanamiento de la inmunidad parlamentaria. Primero fue allanada la inmunidad al diputado Richard Mardo, de Primero Justicia (PJ); contra Juan Carlos Caldera, también de PJ, ya anunció Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, que sería sometido al mismo procedimiento en septiembre; y Stella Lugo, gobernadora de Falcón, hizo pública su solicitud de hacer lo propio con María Corina Machado.
Fuente: La verdad
