El caso Banco Madrid ya está en la Fiscalía venezolana. Por primera vez en 15 años, Venezuela investigará un escándalo de corrupción relacionado con antiguos cargos del Gobierno de Hugo Chávez, después de que el diarioELMUNDO destapara, el pasado 16 de marzo, un presunto blanqueo de capitales por parte de, al menos, seis personas vinculadas al chavismo
Apenas ocho días después de esa publicación, la Asamblea Nacional, el órgano legislativo del país bolivariano, que preside Diosdado Cabello, aprobó la propuesta formulada por el diputado de la oposición Julio Montoya para esclarecer los hechos. Nunca antes una iniciativa de la oposición fue aceptada en estos términos, llegando de inmediato a la llamada Comisión de Contraloría, similar al Ministerio Fiscal español.
Fuentes conocedoras de esta iniciativa parlamentaria achacaron la decisión a tensiones internas entre Cabello y el presidente de la República venezolana, Nicolás Maduro. No obstante, las mismas fuentes advirtieron de la relación de amistad que existe entre el presidente de la Comisión, Pedro Miguel Carreño Escobar, y Carlos Aguilera Borjas, uno de los implicados en el caso de blanqueo de dinero. En concreto, se trata del ex director de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención de Venezuela (Disip). Esto es, el organismo existente antes de que Chávez creara el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocido por sus siglas Sebin.
La Comisión de Contraloría tiene la misión de velar por la transparencia de los entes financieros y públicos de Venezuela, además de la fiscalización de la Administración pública en todos sus niveles. Cinco de los seis venezolanos relacionados con el caso Banco Madrid estuvieron vinculados, de manera directa, al Gobierno venezolano.
El citado Aguilera Borjas fue el ex jefe de Seguridad de Chávez. Junto a él, también aparecen en el listado Nervis Gerardo Villalobos, viceministro de Energía; Javier Alvarado Ochoa, ex presidente de Electricidad de Caracas; Diego Salazar Carreño, familiar de Rafael Ramírez, actual embajador de Venezuela en la ONU y ex presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA); y Francisco Rafael Jiménez Villarroel, ex dirigente de la petrolera. El sexto implicado es el empresario de seguros Omar Farías Luces.
Entre los implicados, tres de ellos tienen empresas en España, en las que ostentan cargos de administradores, según consta en el Registro Mercantil. Se trata del ex director de los servicios de Inteligencia, del ex presidente de la compañía eléctrica y del magnate de los seguros, propietarios, respectivamente, de Clab-Consultoría Inmobiliaria, Catalufa Inversiones Inmobiliarias e Inversiones Porbónica.
A excepción de Clab y Porbónica, que fueron registradas en 2007, Catalufa -la empresa de Alvarado Ochoa- se creó hace apenas seis meses, en septiembre de 2014. Ninguna tiene empleados, ni estructura organizativa y tampoco consta actividad reciente. Es más, los depósitos de cuentas de los últimos años no aparecen. Sólo en el caso de Clab, la sociedad de Aguilera Borjas, constan cuentas anuales correspondientes al año 2012, periodo en el que esta empresa obtuvo un beneficio negativo de 4.838 euros, registrando un capital social de 1,7 millones y activos por importe cercano a los dos millones. Clab-Consultoría Inmobiliaria fue creada con un capital inicial de 3.000 euros.
Las tres están registradas como actividad de promoción inmobiliaria. Aunque no están relacionadas entre sí, Inversiones Porbónica comparte domicilio social con una sociedad vinculada a Alvarado Ochoa. Se trata de Clavo y Canela 2000, una agencia de valores, propiedad de la venezolana Ceciree Carolina Casanova Rangel, cuya apoderada es una española, dueña de la empresa Hondalar. Precisamente, esta sociedad tiene su domicilio en Majadahonda, en el mismo lugar que Porbónica, de Omar Farías.
Domicilio social
Este diario contactó con la apoderada de Clavo y Canela 2000 para conocer la relación entre Farías y Alvarado. Su primera reacción fue asegurar que no conoce a Alvarado Ochoa, para después precisar que ambos «no tienen ninguna relación en España». En este sentido, aseguró que conoció a Farías por un amigo personal que estaba casado con una venezolana. «Me dijo que quería invertir en España». «Cuando vienen a España ni se ven ni se conocen, yo no sé si en Venezuela se conocerán», insistió en relación a la vinculación de Farías y Alvarado.
En el domicilio de la capital madrileña donde está registrada Catalufa, la empresa de Javier Alvarado, constan también otras dos sociedades, administradas por la citada venezolana Carolina Casanova. Se trata de la ya mencionada Clavo y Canela 2000, además de Cocuiza. Ninguna de las dos tiene empleados, ni estructura organizativa. Según la apoderada de Clavo y Canela, el piso donde está registrada Catalufa es propiedad de Casanova.
En cuanto a Carlos Aguilera, administrador de Clab-Consultoría Inmobiliaria, su empresa está en un gabinete jurídico del centro de Madrid, gestionado por la abogada española Begoña Gímeno Díaz. Este diario se puso en contacto con la letrada, que justificó la presencia de Clab en su domicilio advirtiendo de que allí sólo llegan las notificaciones dirigidas a esa empresa.
Hace poco más de dos meses, Aguilera Borjas incluyó a un nuevo administrador solidario en su empresa. Se trata de José Manuel Aguilera Rioboo, asistente técnico en Venezuela del consorcio español CSM -Dimetronic, Cobra, Constructora Hispánica y CAF-, encargado de la línea 1 del Metro de Caracas. La adjudicación de este contrato también se investiga en el caso Banco Madrid. Este diario intentó contactar con los tres venezolanos implicados en el caso, pero sólo respondió Omar Farías.
MARISA RECUERO
ANTONIO RUBIO
