Las autoridades estadounidenses y la Fiscalía Anticorrupción española se unen para localizar el dinero sustraído a la empresa venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA) y transferido a España de manera presuntamente irregular. Así lo confirmaron a este diario fuentes jurídicas conocedoras de esta investigación, que precisaron además la participación de Portugal y Andorra en el procedimiento.
El pasado 4 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aportó a los investigadores españoles documentación relativa al que fuera viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela entre 2001 y 2006, Nervis Villalobos Cárdenas, investigado por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por blanqueo de capitales.
En el citado documento, las autoridades estadounidenses atribuyen a este ex alto cargo del Gobierno de Hugo Chávez hacer de España un territorio de blanqueo de capitales procedentes de delitos de defraudación, apropiación y corrupción ocurridos en Venezuela, según informaron fuentes conocedoras del caso.
La Fiscalía española considera a Villalobos «pieza esencial» de un sistema de defraudación y apropiación del patrimonio de PDVSA y de otras empresas públicas de Venezuela, señalando también al que fuera presidente de Electricidad de Caracas y recién nacionalizado español, Javier Alvarado Ochoa, así como a Rafael Ernesto Reiter Muñoz, ex director de Seguridad de PDVSA, en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real (Madrid).
UNA QUERELLA DE 2017
Precisamente, el juzgado madrileño acumuló en esta misma causa una querella presentada en la Audiencia Nacional en 2017 por los actuales directivos de la petrolera contra la antigua cúpula por delitos de organización criminal y soborno a funcionarios, además de prevaricación, corrupción en las transacciones económicas internacionales, administración desleal, estafa y delitos contra la Hacienda pública.
Los investigadores españoles, en colaboración con EEUU, están centrados ahora en la identificación de los miembros de esa presunta organización criminal residentes en España. Las autoridades estadounidenses aportaron la documentación que obra en un juzgado del Distrito Sur de Texas, en Houston, donde los presuntos máximos responsables de esta estructura reconocieron haber pagado sobornos a través de comisiones ilícitas a ex empleados de la empresa Bariven, filial de PDVSA, para beneficiarse de la adjudicación de contratos.
Se trata de Roberto Rincón y Abraham Shiera. El primero de ellos es el padre de Roberto Rincón Bravo, investigado en España por blanqueo de capitales. Villalobos está acusado en esta misma causa de Texas por el presunto cobro de comisiones ilícitas. Los hechos investigados por Anticorrupción advierten de que parte del dinero obtenido por esta organización fue blanqueado en España a través de la compra de bienes inmuebles y la creación de empresas.
ANTICORRUPCIÓN PIDE QUE LO INVESTIGUE LA AUDIENCIA
La Fiscalía quiere que el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid se inhiba a favor de la Audiencia Nacional para que sea este tribunal el que investigue el blanqueo de fondos de PDVSA en España por considerar el caso de trascendencia internacional, según precisaron fuentes jurídicas. El Ministerio Público considera que la Audiencia es competente porque el delito de blanqueo pudo ser cometido por españoles y extranjeros en territorio español y fuera del país.
Anticorrupción dispone desde el pasado mes de octubre de nuevas pruebas sobre presuntas operaciones de lavado de dinero a través de una estructura empresarial de carácter transnacional llamada Swiss Invest. Los investigadores consideran que esta sociedad se usa para aflorar capital procedente de la corrupción cometida, presuntamente, por directivos de PDVSA.
Dos de las personas que controlan este grupo empresarial -José Vicente Amparán Croquer y Hugo Ramalho Gois- están acusados en Estados Unidos por conspiración para el blanqueo de ese dinero. Las otras dos son Ralph Steinmann y el argentino Luis Fernando Vuteff, yerno del que fuera alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. El pasado 17 de octubre, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (Udef) protagonizó un operativo que supuso el embargo de 115 inmuebles en Madrid y Marbella.
El Mundo
