María Lourdes Afiuni está sentada en la oficina de su abogado, José Amalio Graterol, pero no puede hablar en presencia de un periodista, así que Graterol, un hombre alto, muy blanco y corpulento, hará en esta información de ventrílocuo de la juez venezolana. Ya se verá por qué. Antes de narrar esta escena toca presentarla con el calificativo que exhibe en la historia contemporánea de Venezuela: Afiuni es la presa del comandante Hugo Chávez.
El 10 de diciembre de 2009 la vida de esta mujer, alta y robusta, que fuma una cajetilla diaria de cigarrillos y a veces dos, cambió para siempre. Ese día le tocaba presidir como titular del Tribunal 31 Penal en funciones de control la audiencia preliminar del banquero Eligio Cedeño, quien estaba preso desde febrero de 2007 acusado de obtener dólares de modo fraudulento y de contrabando por simulación de importación. Cedeño era entonces presidente del Banco Canarias, la institución que gestionó ante la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) el dinero aprobado al Consorcio Microstar -28 millones de dólares- para que importara ordenadores en 2003. Las autoridades venezolanas presumieron entonces que tal importación jamás había ocurrido y que tanto el banquero como el presidente del consorcio, Gustavo Arráiz, pretendían hacerse de las divisas a precios preferenciales.
Cedeño encajaba en el perfil del boliburgués, un mote despectivo de amplia significación entre los venezolanos, que alude a todos aquellos empresarios que hicieron súbita fortuna con la irrupción de la llamada Revolución Bolivariana. Este empresario tenía una casa de bolsa, Cedel, que hizo buenas operaciones aprovechando el control de cambios aún vigente en Venezuela, y compró dos bancos –Bolívar Banco y Banpro- que le permitieron tener mucha influencia en los medios de comunicación y ser considerado como un jugador agresivo en el sistema financiero. Pero este hombre de pronto había caído en desgracia después de financiar la fuga de un enemigo del gobierno, el sindicalista Carlos Ortega, quien lideró la huelga petrolera de diciembre de 2002 y tuvo una participación colateral en el golpe contra Hugo Chávez de ese mismo año.
A María Lourdes Afiuni le tocaba decidir la suerte de un banquero que llevaba dos años y diez meses encarcelado sin que se celebrara la audiencia preliminar. Las leyes venezolanas prohíben mantener privada de su libertad a la persona que haya pasado dos años detenida sin condena. Las grotescas dilaciones de su caso llevaban a pensar a los observadores y a la oposición que a Cedeño le estaban cobrando algo más que el hecho de defraudar al Estado.
Era un caso que ya cobraba visos de escándalo. El secretario del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU había enviado una comunicación a la juez en la que señalaba las transgresiones de este caso a varios artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Por todo esto pedían que al banquero se le dejara en libertad provisional hasta tanto terminara el juicio.
Con todos esos elementos Afiuni decidió liberar al empresario, prohibirle la salida del país y ordenarle que se presentara cada quince días ante el tribunal. Fue el inicio de su desgracia. Una hora después había sido esposada y llevada hasta la sede de la policía política venezolana desconociendo, de acuerdo con el abogado Graterol, el debido proceso. Uno de los fiscales del caso Cedeño fue el encargado de ordenar su detención.
En el libro Afiuni, la presa del comandante, el periodista Francisco Olivares relata lo que este hombre, llamado Daniel Medina, le dijo a la jueza después de que ésta emitió la boleta de excarcelación a Cedeño: «Te vas a joder. Ahora vas a ocupar el lugar de él si no lo llegamos a atrapar».
Al día siguiente, 11 de diciembre de 2009, el propio Hugo Chávez terció en el caso en una de sus acostumbradas intervenciones televisadas. Ese día comenzó lo que Graterol ha llamado “efecto Afiuni”. “Los jueces tienen ahora la conciencia secuestrada por el Ejecutivo. Ya no son autónomos, sino que reciben órdenes”.
No fue poca cosa lo que dijo Chávez aquella noche. La calificó de bandida y luego agregó: “Yo exijo dureza contra esa jueza (…) Habrá que meterle pena máxima. ¡30 años de prisión pido yo a nombre de la dignidad de un país!”. Diez días después el comandante volvió a la carga. Frente a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, y la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, el mandatario insistió: “Si a un homicida le salen 30 años de prisión, yo le pondría 35. Y no en una oficina por allí, ¡no! Donde debe estar. En una prisión”.
Para explicar gráficamente lo que le ocurrió desde ese día, Graterol le pide a la juez que levante la pierna. La mujer viste un suéter ligero a franjas horizontales blancas y violetas, pantalón blanco de algodón y zapatillas chatas de color turquesa. De pronto, con el pie sobre el escritorio, Afiuni se remanga el pantalón para dejar ver la pulsera que rodea su tobillo y las heridas de guerra que le quedaron catorce meses en la principal cárcel de mujeres de Venezuela.
“Esa”, señala Graterol la cicatriz más grande, “se la hicieron con una hojilla”. Sobre el pedazo de piel que recubre la tibia destaca una línea blanca. “Ella tuvo que aprender a defenderse. Tuvo que comprar un chuzo (cuchillo artesanal) por 60 bolívares (unos ocho euros al cambio oficial). La cárcel te convierte en un ser primitivo”. La juez compartió el mismo espacio con mujeres que había condenado antes de cobrar la triste celebridad que hoy tiene. Según su abogado, una de ellas recibió la orden de matarla para saldar una deuda por drogas.
El pasado viernes 7 de junio el Ministerio Público pidió una medida judicial menos dura que el arresto domiciliario, que fue concedida por los tribunales ocho días después. Algunos analistas consideran que la decisión esta en consonancia con el esfuerzo que está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro por obtener legitimidad plena de la comunidad internacional, mostrando un perfil más moderado que el de su antecesor. Esa estrategia está rindiendo sus frutos. México ya se ha desmarcado de la polémica elección que lo dio como ganador al asegurar que no recibirá al líder de la oposición, Henrique Capriles, para no fijar posición en un asunto –el controvertido resultado de los comicios- que consideran como un caso de política interna.
Esta decisión estuvo precedida por dos reuniones muy importantes: la del 5 de junio, cuando el canciller Elías Jaua se reunió con el secretario de Estado John Kerry para recomponer una relación destrozada por las intemperancias de Chávez y las provocaciones de Washington, y la del pasado lunes 17 entre el presidente Maduro y el papa Francisco. El abogado José Amalio Graterol considera que lo que se ha escuchado en el juicio oral y público, que se inició el 28 de noviembre, deja muy mal parado al gobierno en materia de derechos humanos. “Miembros de las organizaciones internacionales presentes envían informes demoledores. Eso quizá haya influido”.
María Lourdes Afiuni esperará en libertad condicional hasta que culmine el juicio. Mientras tanto no puede hablar de su caso con la prensa ni tampoco escribir en las redes sociales. Hasta el viernes pasado solía redactar entre cuatro y cinco tuits diarios. Por ahí drenaba el largo hastío que ha vivido y que se ha reflejado en su salud.
Desde 2009 la han operado tres veces –una histerectomía y la reconstrucción de la vejiga, entre ellas- y su abogado asegura que tiene problemas renales, en un seno y en la vista. Afirma Graterol que ahora que la juez puede caminar libremente por la calle voltea inconscientemente hacia los lados, como si estuviera buscando a los policías que la siguieron hasta en los momentos más íntimos durante los últimos 42 meses. “Afiuni ya ha sufrido suficiente”, dijo Noam Chomsky en una declaración pública hace dos años.
Su mudo martirio continuará durante algunos meses. Si los cálculos de la defensa se cumplen el juicio debería terminar el próximo noviembre, a pocos días de cumplir cuatro años como la presa del comandante. En caso de que sea declarada culpable de los delitos que le ha imputado la fiscalía –abuso de autoridad y favorecimiento para la evasión de un detenido- su pena no debería ser superior a los 45 meses de prisión.
Fuente: El País
