La amnistía en Venezuela avanza a cuentagotas y con la incertidumbre de familiares de presos políticos que han acudido a tribunales para solicitar la aplicación de la norma que, lejos de ser una medida de gracia inmediata, pasa por un filtro institucional coordinado, en principio, por fiscales, defensores públicos y los jueces en un plazo no mayor a 15 días.
Está en pleno desarrollo y el Ministerio Público (MP) asegura que se han beneficiado unas 3.000 personas. El Palacio Federal Legislativo, en tanto, señala que más de 2.000 personas con medidas cautelares han recibido libertad plena y que 177 han sido excarceladas.
Sin embargo, ONG y partidos políticos sostienen que han logrado confirmar la salida de prisión de al menos 109 presos políticos y, no han ofrecido, en cambio, información sobre las personas con libertades restringidas.
La medida promovida por Delcy Rodríguez, en el marco de lo que ella misma ha denominado como un «nuevo momento político» que se da justo después de que Estados Unidos presionara por la liberación de estos detenidos tras capturar a Nicolás Maduro, avanza de la siguiente manera:
Burocracia
La ley establece en su artículo 7 que los detenidos o requeridos por la justicia que quieran ser amnistiados deben presentar una solicitud ante los tribunales y, hasta ahora, el MP y los defensores públicos han sido los encargados de hacer estas peticiones.
«La teoría dice que debería ser declarada de oficio porque las disposiciones de la ley son de orden público y de interés general, pero lo que estamos viendo es que (…) no es un proceso verdaderamente automático, aunque debería serlo», indicó a EFE el director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob.
Hasta la noche del lunes el Palacio Federal Legislativo hablaba de más de 3.000 solicitudes, mientras planea abarcar a más de 11.000 personas bajo medidas cautelares.
Foro Penal también ha cuestionado que los mismos jueces que dictaron condenas sean los que decidan sobre las liberaciones.
Selectividad
La ley aprobada establece que su aplicación abarca entre 1999 y 2026, los últimos 27 años de gobiernos chavistas, pero especifica 13 episodios, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.
Según Foro Penal, en Venezuela hay más de 600 presos políticos y de ellos más de 180 son militares.
La ley además excluye los delitos de violación a los derechos humanos, de lesa humanidad, guerra, narcotráfico, corrupción y homicidio intencional. Este último, a veces, imputado en casos de presos políticos detenidos en el marco de protestas o crisis políticas, según ONG.
Se dejan por fuera también a todos aquellos que hayan promovido operaciones militares contra el país.
Inmediatamente después de su aprobación, ONG como Provea, Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón coincidieron en que hay un «injustificable exceso de exclusiones» con este marco legal.
La comisión de «seguimiento»
La ley, sin embargo, permitió la creación de una comisión especial que se encarga de velar el cumplimiento de la amnistía y que puede evaluar la solicitud de casos no especificados en la norma y para ello puede contar con el apoyo de expertos.
Esto, explica Himiob, abre la puerta a la posibilidad de «ampliar el marco de la amnistía», lo cual fue una sugerencia directa de las organizaciones no gubernamentales, pero aún no está claro el protocolo para ello.
La comisión está conformada por varios miembros del Palacio Federal Legislativo, incluso el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, junto a otros tachados de colaboracionistas con el chavismo, lo que ha generado dudas de imparcialidad debido a su inclinación política.
«No hay despacho» y más…
Mientras el proceso avanza entre la coordinación de la Fiscalía y los tribunales, decenas de personas acuden al Palacio de Justicia en Caracas o buscan asesorías con ONG para pedir la aplicación de la ley para los casos de sus familiares.
Sin embargo, se han encontrado con tribunales «sin despacho» (como se conoce cuando no están funcionando), en «comisión» (desplazados a otros sitios), sin secretaria o una remisión a los defensores públicos correspondientes, según denunció el lunes el Sindicato de Prensa venezolano, que también trabaja para apoyar en los casos del gremio que quieran solicitar amnistía.
Y aunque Himiob dijo a EFE que «hasta ahora es muy pronto para saber cómo se va a procesar la solicitud hecha por familiares y por los propios interesados», también advirtió luego en X que «ningún tribunal puede negarse» a recibir peticiones debido a que se trata de un tema de «orden público «.
