Si Hugo Chávez estuviera vivo ya hubiera echado sapos y culebras en medio de una cadena de por lo menos 7 horas en contra del fiscal Diego Luciani, que pidió 12 años de cárcel y la inhabilitación de por vida para Cristina Fernández de Kirchner, o Cristinita, como él la llamaba. La vicepresidenta de Argentina está acusada de encabezar una red de corrupción que dicen que evaporó por lo menos 1.000 millones de dólares del erario público.
En primer lugar, hay que señalar que esto es lo que puede suceder cuando hay separación de poderes. No importa que Fernández sea la vicepresidenta en funciones, pero si hay pruebas que la impliquen en un escándalo como el Juicio de Vialidad, nombre que le han puesto los tribunales a este caso, no importa su cargo, deberá ser juzgada y, de comprobarse las acusaciones, condenada.
Ya están hablando de que si a finales de año, cuando se supone que el juez de la causa dicte sentencia, la vicepresidenta es hallada culpable, la única posibilidad de salir «ilesa» es que Alberto Fernández la indulte. Esta es una de las primeras consecuencias de este proceso en contra de Cristina Fernández de Kirchner, que ha logrado que se restablezca la comunicación directa entre ella y el mandatario, que parece que tenían tiempo sin hablarse.
Pero, además, ha unido al peronismo alrededor de la causa de CFK, que insiste en que se trata de un montaje no contra ella sino contra todo el movimiento. Así lo definió la misma acusada: “Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, esto es un juicio al peronismo, esto es un juicio a los gobiernos nacionales y populares… a los que peleamos por la memoria, la verdad, la justicia, el salario, las jubilaciones, la obra pública”.
Y precisamente el caso del que se le acusa es por otorgar contratos de obras públicas de vialidad a un exbanquero poco conocido, Lázaro Báez, que formó una empresa, Austral Construcciones, y que en unos cuantos años (en los que gobernó Cristina Fernández) pasó a aumentar sus ingresos personales en 12.000% y los de la compañía en 46.000% y eso que solo manejó contratos con el Estado. También están señalados por este caso el exministro de Obras Públicas Julio de Vido, cuyo nombre le debe sonar a los venezolanos porque estuvo metido en el caso de la maleta de 800.000 dólares de Antonini Wilson. Está preso actualmente por otros casos, igual que el tercer acusado, José López, secretario del mismo despacho, pero ya encarcelado porque en 2016 lo agarraron in fraganti lanzando a un convento unos sacos llenos de dólares.
Fernández de Kirchner está empeñada en señalar que se trata de una persecución política, que el juez y los fiscales son allegados a Mauricio Macri, y que todo el proceso es en contra del pueblo, que es lo que ella representa. ¿Qué se sentirá tener un cargo tan alto como el de vicepresidenta y no estar a salvo de la justicia de su país? ¿No era ese temor lo que la llevó a aliarse con Alberto Fernández en las presidenciales? La defensa de la exmandataria insiste en que en ninguno de los papeles que sustentan el desvío de recursos aparece la firma de Cristina, pero pudo haber pecado aunque sea por omisión. No fue un caso aislado, fueron aproximadamente 50 contratos. ¿No sabía lo que pasaba en sus narices?
A ella no le preocupa la cárcel, pues cuando dicten sentencia a finales de año ya habrá cumplido los 70 y le tendrán que dar casa por cárcel. Lo que la angustia es que le trunquen sus aspiraciones para presentarse como candidata a la presidencia para las elecciones de 2023.
¿Entiende ahora, amigo lector, por qué el Poder Judicial no debe estar supeditado al Ejecutivo? Es la única garantía de justicia, equidad ante la ley y democracia. Un escenario que en Venezuela, así duela reconocerlo, desapareció desde hace dos décadas y, peor aún, sin que al parecer tenga dolientes.
Editorial de El Nacional
