El juez federal estadounidense Thomas Griesa, de 84 años, ordenó este viernes al Gobierno de Argentina y a los fondos acreedores (holdouts) que le han demandado, los denominados buitres por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que continúen negociando hasta llegar a un acuerdo sobre el pago de la deuda. En la vista celebrada el viernes en la corte de Nueva York, el juez rechazó la petición del abogado del país suramericano de sustituir al mediador por él nombrado, Daniel Pollack. Griesa dedicó la mayor parte de su intervención a recordar que las obligaciones de Argentina “siguen ahí”, que la deuda no se ha extinguido y que, por lo tanto, el país está en “suspensión de pagos selectiva” o “restringida”, según la definición de las agencias de calificación. Asimismo, el magistrado pidió a Argentina que cese en sus declaraciones “engañosas”, ya que sólo la ley debe prevalecer para encontrar una solución al conflicto. “Una verdad a medias no es una verdad”, declaró Griesa.
La expectación por lo que el juez estadounidense pudiera decidir tras el fracaso el pasado miércoles de las negociaciones entre Argentina y los fondos que rechazaron la quita ofrecida por Buenos Aires en 2005 y 2010 era enorme. El conflicto está siendo seguido con el máximo interés en todas las capitales financieras del mundo. La capacidad de que estos fondos, pese a representar una parte mínima de los acreedores en este caso (el 2%), tengan en jaque un país y su estabilidad económica ha motivado reacciones de preocupación, incluida la del Gobierno de EE UU y el FMI, sobre el funcionamiento de los mercados y determinadas legislaciones. El The New York Times lo definió así en unos de sus blogs económicos: “La campaña contra Argentina muestra lo decididos que pueden ser los fondos de inversión y cuánto dinero pueden tener para hacer uso de su influencia. Con 300 empleados, el fondo del multimillonario Paul Singer ha forzado a Argentina, una nación de 41 millones de personas, a retroceder hasta una posición en la que ahora debe considerar la posibilidad de una rendición humillante”. En el fondo, se trata, simplemente, del miedo de los Gobiernos que acuden a los mercados a financiar su deuda de encontrarse con acreedores cada vez más poderosos. De ahí la trascendencia de las palabras y decisiones del juez Griesa.
“No vamos a entrar en discusiones lingüísticas sobre si lo sucedido es una suspensión de pagos o no. Lo importante es que las obligaciones de Argentina permanecen, no se han extinguido. Argentina debe cumplir con sus obligaciones, con todos sus acreedores, con los que canjearon sus bonos y con los fondos que se negaron a hacerlo. Y debe cesar en sus declaraciones altamente engañosas. Una media verdad no es una verdad. Argentina solo se refiere en sus declaraciones a una de sus obligaciones, no a la otra”, proclamó el juez en la primera parte de su intervención, que duró unos 40 minutos.
En su tono pausado, en ocasiones exasperantes, magnificado por un silencio atronador, el juez añadió: “Argentina puede no estar de acuerdo con esta Corte y puede criticar sus decisiones, pero la única vía que nos queda es la de llegar a un acuerdo. Por eso nombré un mediador, una persona completamente imparcial. ¿Vamos a estar otros diez años así? No. Consecuentemente, la orden de seguir con esa mediación sigue vigente y nada de lo sucedido ha restado la necesidad de llegar a un acuerdo. Dentro de la ley se puede llegar a un acuerdo. Sigan adelante. No paren”.
La intervención del abogado de Argentina, Jonathan Blackman, se centró el descalificar al mediador. “Tengo el mandato de mi cliente de trasladar a esta Corte su desconfianza en el señor Pollack”. Por el contrario, Robert Cohen, representante de los fondos litigantes, defendió al mediador y pidió que continuara con el caso. La respuesta del juez no se hizo esperar: “El señor Pollack no ha hecho otra cosa que negociar con las dos partes para intentar alcanzar un acuerdo. Lo importante aquí es que las obligaciones de Argentina siguen ahí y que es necesario llegar a un acuerdo. Hay que seguir el camino que hemos emprendido. Hechos, propuestas, recomendaciones, es lo que necesitamos. Esto no es un concurso de personalidades”.
La decisión del juez estadounidense no agradará a las autoridades argentinas y sus portavoces, oficiales y mediáticos, que han utilizado en los últimos días munición de grueso calibre contra él, aludiendo en ocasiones a cuestiones personales como su elevada edad, sus problemas de audición y sus dificultades motrices. Más allá de la anécdota, para Argentina la suspensión de pagos selectiva o restringida “no existe”. “Si hay un país viable, ese es Argentina”, proclamó el jueves la presidenta Fernández de Kirchner tras apelar, una vez más, a la unidad de los 40 millones de argentinos.
Mientras tanto, en otra parte de la ciudad surgía otra noticia: La Asociación Internacional de Derivados Financieros, encargada de regular el mercado entre privados ante eventuales incumplimientos, determinó que corresponde pagar seguros por valor de 1.000 millones de dólares (unos 744 millones de euros) ante el impago de uno de los títulos públicos (Discount) emitidos por el Gobierno argentino. Para esta entidad no hay dudas: Argentina ha caído en suspensión de pagos, al menos en lo que al bono Discount se refiere.
Fuente: ElPais
