La ex ministra de Economía Elena Salgado y el ex presidente del ICO José María Ayala, en una imagen de 2010. ANTONIO HEREDIA
No sólo fue el ‘Plan E’. La orden que dio el Gobierno de Zapatero al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que diese préstamos directos a las empresas ha sido una ruina, según el Tribunal de Cuentas. Este último intento de resucitar la banca pública en España ha provocado pérdidas de 175 millones, según aflora en un informe del órgano fiscalizador del Estado sobre el ICO enviado esta semana al Congreso de los Diputados.
El Tribunal de Cuentas critica lo que puso en marcha el Gobierno de Zapatero en 2010 de intentar dar créditos directos a pequeñas y medianas empresas y autónomos que no lograban financiación por otra vía. La entonces vicepresidenta económica, Elena Salgado, instó al entonces presidente del ICO, José María Ayala, a prestar asumiendo todo el riesgo y se llegaron a formalizar créditos por 550 millones. De ellos, el ICO da contablemente por perdidos 175 millones. Los ha provisionado al 100% por ser ya fallidos o de muy dudoso cobro. El actual ministro de Economía, Román Escolano, cortó está línea, llamada ICO Directo, a principios de 2012 cuando él asumió la presidencia de este organismo financiero del Estado, pero el perjuicio a las arcas públicas en apenas 20 meses de actividad fue notable.
Se concedieron un total de 13.961 operaciones en 2010 y 2011 y siguen vivas bien por haber sido refinanciadas o por no recuperadas, un total de 8.308. De ellas, 5.072 -el 83%- se halla en situación de morosidad o fallido, según el el Tribunal de Cuentas, que pide al Gobierno que no se repita: «Se recomienda que el Instituto no asuma en exclusiva los riesgos de operaciones minoristas que, por falta de red propia, se llevan a cabo en colaboración con entidades financieras con amplio acceso al público».
Según el órgano fiscalizador, la morosidad ha terminado siendo mucho más alta que en el sector privado por la incompetencia del ICO para esta actividad directa. «Es cierto que en el momento de concesión de los créditos nos encontrábamos en unos años de crisis financiera pero, aun cuando no estamos hablando de colectivos estrictamente semejantes, la comparación con ratios de morosidad del sistema financiero es desfavorable, lo que evidencia una mayor laxitud en la política de riesgos asumida y la falta de especialidad en la banca minorista por parte del ICO que hacían imposible el axioma de conoce a tu cliente». Y agrega: «Se aprecia una escasa interacción entre el analista y el cliente, limitándose a un mero análisis de cumplimiento de unos ratios aun cuando fuese el segundo, tercero o incluso cuarto crédito concedido».
El ICO, falto de red, contrató al Santander y al BBVA para canalizar los créditos, pero asumiendo la responsabilidad en exclusiva y quitándoles todo riesgo, al contrario de lo que suele suceder en otras líneas de financiación de este organismo público. Según el Tribunal de Cuentas, el ICO también falló en la contratación del Santander y el BBVA por no respetar los procedimientos. «A este Tribunal no se le ha dado explicación alguna, ni consta documentación al respecto, de quién tomó la decisión y qué motivación existía», afirma sobre aquella contratación a ambas entidades.
El presidente en la época era José María Ayala, pero quien ha presentado alegaciones al Tribunal es el actual responsable del ICO, Pablo Zalba. Este ex eurodiputado del PP admite que la agencia financiera del Estado no tiene ni «la capilaridad, relación directa ni conocimiento del cliente que pueda tener el resto de entidades financieras», pero defiende a su antecesor socialista señalando que se limitó a obedecer la instrucción del Gobierno y que, en todo caso, fue «prudente». Los 550 millones concedidos fueron solo el 0,7% de la actividad crediticia del ICO en 2011, según Zalba y, además, se pedía al empresario cliente un «aval personal». «Se rechazaron el 86% de las peticiones». Aún así, se aceptaron demasiadas que ahora no se pueden recuperar.
El mundo.es
Carlos Segovia
