El entendimiento de las razones por las cuales se ha empeñado la dictadura en cercenar la libertad de expresión se hace perfecto si apreciamos cómo un hecho que ha debido impactar a la sociedad apenas se ha trajinado de manera superficial para que solamente produzca ligera inquietud. Es una prevención tomada desde los tiempos de Chávez, sobre cuyos resultados se puede tener sensación cabal si nos detenemos en un suceso concreto que ha debido producir reacciones masivas y fulminantes, pero no las causó.
Como se sabe, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un informe sobre la violación de las prerrogativas sociales y políticas que incumben a su competencia, realizada por la dictadura venezolana. Sobre el tema nos ocupamos aquí en anterior oportunidad, al señalar los datos fundamentales del documento y llamar la atención sobre su extrema gravedad. Se detuvo la alta comisionada en la descripción de crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado contra manifestantes indefensos, en la recurrencia de la persecución a la disidencia, en el cerco de barrios populares por elementos armados para evitar que protesten y en la práctica despiadada de torturas contra los presos políticos.
La alta comisionada no se conformó con presentar una descripción de lo que estaba pasando en Venezuela, hasta la hora de la presentación de su informe. Acompañó el documento con el aporte de estadísticas relacionadas con la represión, con el detalle de fechas y lugares relacionados con las violaciones investigadas y con datos espeluznantes sobre los suplicios perpetrados en las celdas del usurpador contra víctimas indefensas que pueden pasar del centenar. Gracias al equipo de investigadores que trabaja en su despacho, dejó una pieza de difícil rebatimiento sobre la crueldad del régimen usurpador.
La inmensa mayoría de los medios de comunicación social, especialmente los que cuentan con mayor audiencia, apenas reseñaron el trabajo de la alta comisionada de manera superficial o lo ocultaron en sus estudios. Los periódicos que antes gozaban de lectoría masiva negaron sus espacios a un asunto de tanta relevancia. Fue un tema que no existió para los canales de televisión, pero no por la miopía de los profesionales que trabajan en ellos sino por las presiones de la dictadura. Pasó lo mismo con las grandes cadenas de radio, que solo de manera excepcional, quizá en dos o tres programas, le metieron el diente a un alimento que merecía colmillos voluntariosos y cuchillos afilados.
Fue así como se disipó la posibilidad de un escándalo capaz de provocar temblores al usurpador y a sus secuaces. Por tal motivo hicieron falta las fulminaciones de los políticos de oposición sobre el tema, que se esperaban como respuesta automática. Pese a que tenían material de sobra para armar el follón del año, ¿cómo hacían para formarlo si la mayoría de los periódicos, y las cámaras de todos los canales privados, y los anclas de las emisoras, con alguna curiosa excepción, les cerraban las puertas por el pavor que les producen las amenazas y las argucias de la dictadura?
De lo cual se deduce que no pasó entonces mayor cosa en Venezuela, aunque debió pasar por razones obvias. Si el lector quería enterarse, sin posibilidad de dudas, sobre las razones de Chávez y del chavismo para impedir la circulación de informaciones y para evitar la existencia de una ciudadanía enterada de lo que sucede en su casa, la impedimenta puesta a la circulación del informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, y el éxito obtenido debido a la pasividad de la mayoría de los medios de comunicación social, le ofrece una respuesta contundente.
Editorial de El Nacional
