El tema penitenciario y la situación infrahumana en que viven nuestros presos, independientemente del lugar en que se encuentran recluidos, es una de las más graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en nuestro país. Como lo hemos divulgado con insistencia desde estas mismas páginas, los organismos internacionales continúan calificando a las cárceles venezolanas como las peores del continente americano. A la revolución bolivariana debería darle vergüenza esta insólita condición que ni siquiera se dio en la nefasta dictadura del general Marcos Pérez Jiménez.

La creación por parte del gobierno del presidente Hugo Chávez del Ministerio para el Servicio Penitenciario en vez de haber sido una solución moderna y adecuada, ha empeorado profundamente el problema. El hecho de nombrar como encargada de las políticas penitenciarias del Estado a quien desconoce por completo el tema, y por tanto se ha dedicado a improvisar y dar muestras a diario de su ineficiencia, fue un error que hoy está más claro que nunca.

Aunque la Comandante Fosforito nos quiera hacer creer que el problema está solucionado y que solo falta 20% para dar por terminada la tarea, los hechos demuestran lo contrario. El motín en la cárcel de Uribana sucedido en días recientes, con el resultado de al menos cuatro fallecidos y una decena de heridos, ocurrió precisamente en una prisión que la ministra Varela nos la ha vendido como uno de los recintos que funcionan a la perfección gracias al modelo de régimen penitenciario inventado por ella. El motín demuestra que no es sino otra de sus mentiras.

A esto le unimos el más grave problema, la situación de los retenes policiales, que son centros que funcionan en las sedes policiales y donde un detenido no debería permanecer por más de 48 horas porque, entre otras cosas, no reúnen los requisitos para tener internado a nadie por más tiempo.

Este caos de los retenes policiales que tienen más de 14.000 reclusos, cuando tiene una capacidad en todo el país de menos de 3.000, además de que todos tienen la decisión judicial de su ingreso a un recinto penitenciario, va a aumentar porque la ministra Varela no quiere permitir los traslados a las cárceles asignadas, con el alegato de que no podían entrar hasta que no fueran a juicio, lo que sin duda prueba su desconocimiento del derecho penal.

A esta locura le han salido al paso sus propios compañeros de gobierno involucrados en el tema de la seguridad y al unísono le han caído encima a la ministra Iris Varela ante tamaño despropósito expresado. Sus camaradas y amigos en el gabinete como el vicepresidente Arreaza y el ministro de Interior, Justicia y Paz, general Rodríguez Torres; así como la fiscal general, Luisa Ortega Díaz; la presidenta del TSJ, Gladis Gutiérrez Alvarado y hasta la defensora del pueblo, que siempre permanece silenciosa como una estatua ante cualquier cosa que pase por muy grave que sea, han manifestado la necesidad de que se descongestionen los retenes policiales y que los detenidos sean enviados a los respectivos centros carcelarios designados por el Poder Judicial.

La otra solución oficial planteada es convertir El Helicoide en un gran retén policial, un gran disparate sin lugar a dudas. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Raúl Díaz Peña contra Venezuela el 26 de junio de 2012 dijo que este sitio no tenía condiciones para albergar a detenidos de ningún tipo.

No sabemos si Marcos Pérez Jiménez cuando en 1956 inició los trabajos para construir un gran Centro Comercial que incluiría un hotel 5 estrellas y un gran centro de convenciones pensaría que, 50 años después, algún grupo de ignorantes penitenciarios pensarían que podría ser una gran cárcel.

Editorial de El Nacional