Cuando en Ciencias Políticas se habla de gobernabilidad, entre otras cosas se habla de la capacidad de los que mantienen el poder de controlar lo que ocurra en una localidad. Un gobierno, una directiva de un colegio o de una empresa, debe estar al tanto de todo y vigilar que, entre otros aspectos, se cumplan las reglas y sean castigados los que las violen.
Es una definición muy simplista, estamos de acuerdo, para que no se molesten los politólogos y los expertos. Pero lo que se quiere poner en claro es que si no se ejerce ese control, realmente no se gobierna.
Venezuela, como siempre, es un caso de estudio. Ya se sabe que la regla no se cumple, y aunque es una verdad del tamaño de una catedral, también se sabe que no hay quien imponga la penalización que está establecida para el que viole la norma.
La cosa se pone más complicada si se toma en cuenta que el organismo que debe imponer la pena es producto de una violación de la mayor de las normas que hay en un país, la Constitución. El sistema de justicia dirigido por violadores de las leyes convive con un poder ejecutivo (minúsculas ex profeso) viciado de ilegalidad desde su fundamentación.
Entonces, cuando las bandas de delincuentes esperan que pase una patrulla de lo que debe ser un cuerpo de seguridad del Estado, es lógico que se crean con el derecho, el poder físico (armas de mayor calibre que la de los agentes) y el mental (saben que nadie los detendrá) de arremeter contra ellos.
No hay que sorprenderse, porque además esto ocurre todas las semanas. La zona les pertenece a los delincuentes, pero ellos tienen además un inmenso escudo que se extiende desde Miraflores. Son caimanes del mismo caño aunque guardando las distancias, pues las agallas de unos son más grandes que las de otros.
Allí los que sufren son los ciudadanos que viven en las urbanizaciones aledañas, pues saben que cada cierto tiempo tienen que tirarse al suelo cuando comience la balacera. Lo que viven los habitantes de esta zona del oeste de Caracas debe ser muy parecido a lo que viven los pobres habitantes de La Victoria en el estado Apure, y las raíces de esta especie de guerra están también en esa jerarquía hamponil en la que vive Venezuela desde hace más de 20 años.
El régimen delincuente no puede poner orden, no puede hacer cumplir la ley porque es la misma negación de ella. Eso si se les da el beneficio de la duda, como los que dicen que ellos crearon el monstruo y ahora se les fue de las manos. Hay otros que piensan más bien que poco les interesa, pues una población aterrorizada siempre es más manejable. Y al parecer esta última teoría es la más acertada.
Editorial de El Nacional
