Se exige al presidente catalán que devuelva a Cataluña a la legalidad y renuncie a llevar al Parlament la DUI
El Senado está en marcha para activar el artículo 155 de la Constitución y el Gobierno tiene previsto celebrar una reunión del Consejo de Ministros al final de la semana para destituir a los miembros del gobierno de la Generalitat. Solo se frenará si Carles Puigdemont devuelve a Cataluña a la legalidad y renuncia a llevar al Parlament la Declaración Unilateral de Independencia. De nada serviría que Puigdemont convocara elecciones en uso de las capacidades que aún tiene durante esta semana. El Senado solo modulará la aplicación del 155 ante la improbable decisión de la Generalitat de rectificar.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, preside la reunión del comité de dirección del PP en la sede de la calle Génova. TAREK MOHAMED EFE
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tiene aún cinco o seis días, depende de cuando comparezca finalmente en el Senado, para que se detenga el artículo 155 de la Constitución que pretende la vuelta a la legalidad constitucional y estatutaria. Si nada cambia, él y todo su gobierno serán cesados el próximo sábado tal como figurará en el Boletín Oficial del Estado. En fuentes gubernamentales se reconoce que puede pararlo si en su comparecencia se compromete a no declarar la independencia y a parar cualquier atisbo de reactivar o seguir adelante con la ley de transitoriedad que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional.
El Gobierno dice que aplica el artículo 155 para garantizar la “neutralidad institucional” en Cataluña
Hoy nada hace pensar en que haya cambios por lo que el Gobierno seguirá adelante aunque el proceso formal está ya en el Senado donde el PP tiene mayoría absoluta. La unidad de criterio se mantiene entre el Ejecutivo y el partido que lidera Pedro Sánchez a pesar de que algunos dirigentes del PSC manifiestan su disconformidad con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
No hay datos que permitan calibrar qué hará el presidente de la Generalitat pero sí se adelanta que “el Senado tiene capacidad de adaptarse a lo que Puigdemont y el Parlament hagan”, declaró ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en Más de Uno de Onda Cero. La pregunta de qué puede hacer Puigdemont, en caso de que quisiera, para desactivar la maquinaria del Estado que llevará a su sustitución y a la de todo su gobierno, se reitera desde el pasado sábado.
LA TRAMITACIÓN EN EL SENADO, PASO A PASO
Martes 24. Se constituye la comisión conjunta sobre el 155, en la que participan solo senadores que ya estuvieran integrados en la comisión constitucional o en la general de Comunidades Autónomas. Sus trabajos se ejecutarán bajo condiciones especiales. Por ejemplo, el horario del registro de la Cámara podrá ser modificado para facilitar la tramitación.
Jueves 26. A las 12.00, según el plan de trabajo inicial, se reúnen los integrantes de la ponencia de la comisión para formular su propuesta sobre el requerimiento del Gobierno. A las 17.00, los 27 senadores integrantes de la comisión se reunirá para debatir y votar esa propuesta. Carles Puigdemont tendrá la opción de presentar sus alegaciones esa tarde: en persona, a través de un portavoz o enviando un escrito.
Viernes 27. Hasta las 9.30 cabe presentar votos particulares a esa resolución. Pío García-Escudero, el presidnte del Senado, tendrá la competencia exclusiva de calificarlos. A las 10.00 comienza el pleno del Senado, donde Puigdemont también tiene la oportunidad de comparecer si no lo ha hecho el jueves.
Sábado 28. El Gobierno estudia reunir al Consejo de Ministros —si no lo ha hecho ya el mismo viernes— para aprobar la destitución de Carles Puigdemont y el resto de su Gobierno.
No hay respuesta clara en el Gobierno al tener el presidente Carles Puigdemont la llave para desactivar el 155. Sí se adelanta lo que no servirá para frenar el proceso en marcha. Solo con convocar elecciones no será suficiente, ni mucho menos. El presidente de la Generalitat tiene margen para convocar elecciones, hasta que su cese aparezca en el BOE, como le piden el PSOE, el PSC y los comunes. Ahora bien, si a la vez esta semana en el pleno previsto por el Parlament el presidente de la Generalitat declara la independencia de Cataluña y la somete a votación de los diputados —y aunque se limitara a una declaración simbólica, sin votación—, no se mirará hacia otro lado. De nada servirá esa convocatoria si a la vez sigue dando pasos inequívocos de que no vuelve a la legalidad constitucional y estatutaria, señalan en fuentes gubernamentales. Solo una rectificación en toda regla puede hacer que el Senado la estudie, “y se module la aplicación” del 155, señalan en fuentes gubernamentales.
Esa modulación o adaptación está en manos de la Generalitat, señalan los interlocutores gubernamentales consultados. La posición de Moncloa se ha endurecido respecto a los mensajes emitidos semanas atrás, cuando se aspiraba a que Puigdemont convocara elecciones y se pasaba por alto las declaraciones “retóricas” que pudiera hacer.
En una posición más dura está también el PSOE, que exige a Puigdemont el “retorno a la legalidad” si quiere frenar el proceso en marcha y que evite cualquier tipo de declaración unilateral de independencia, aunque sea puramente simbólica. “Una declaración unilateral de independencia es inaceptable. Ni light, ni soft, ni verbal ni escrita puede servir para volver a la legalidad», aclaró ayer el portavoz de la ejecutiva, Óscar Puente.
Los socialistas requieren a estas alturas que esa vuelta al orden constitucional de Puigdemont no tenga dobleces. La voluntad de retornar a la ley ha de ser “inequívoca”. Así, “si Puigdemont convoca elecciones y las llama constituyentes manifiesta una voluntad de continuar en la ilegalidad. Eso no sirve”, especificó después Puente en conversación con EL PAÍS. “No vamos a dar marcha atrás si no hay una voluntad inequívoca. No vamos a aceptar pulpo como animal de compañía”, apostilló. El PSOE ha tomado una decisión, la de apoyar el 155 para restituir el orden constitucional en Cataluña, y la va a llevar “hasta las últimas consecuencias”, aunque consensuará siempre con el Gobierno las actuaciones según los escenarios que se presenten.
EL TRÁMITE DEL SENADO NO SUPONE EL CESE DEL GOVERN
Que el pleno del Senado del viernes apruebe las medidas propuestas por el Gobierno para Cataluña no supondrá la destitución inmediata de Carles Puigdemont y del resto del Govern. Para que eso ocurra, el Boletín Oficial del Estado tiene que dar cuenta del resultado de la votación en la Cámara. Solo entonces podrá reunirse el Consejo de Ministros para aprobar los ceses.
Aunque el Ejecutivo estudia convocar esa reunión inmediatamente después de la votación del Senado, la cita no está programada. Como pronto, será el viernes por la tarde, después de recurrir a una edición electrónica especial del BOE, pero nada impide a Mariano Rajoy retrasar la convocatoria. En todo caso, el Gobierno no ve razones en estos momentos para retrasar una decisión que ya está tomada.
“El procedimiento es inédito y no está regulado con exactitud”, admitieron fuentes jurídicas del Gobierno, “pero entendemos que no debería bastar con que se publique lo aprobado por el Senado. Apostamos por una reunión del Consejo de Ministros”.
Tras la publicación de las medidas en el BOE cabrá recurso ante el Constitucional por invasión de competencias, según Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo. Y ante la decisión de cesar a Puigdemont y al resto de sus consejeros cabrá recurso por la vía contencioso-administrativa en el Supremo. Los distintos catedráticos de Derecho Constitucional consultados no tienen una posición unánime sobre si un grupo de al menos 50 diputados puede recurrir la propuesta del Gobierno ante el Constitucional, puesto que esa opción está prevista para leyes y no para acuerdos. /JUAN JOSÉ MATEO
El País
