El primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, afirmó este jueves que el avance de la criminalidad en el país se refleja en que actualmente cuatro de cada diez peruanos han sido víctimas de extorsión, al explicar la necesidad de decretar el estado de emergencia en Lima y la vecina provincia portuaria del Callao por un plazo de 30 días.
El presidente del Consejo de Ministros dijo, en entrevista con el Canal N, que el estado de emergencia es, en la práctica, «un intento por aminorar la presión que tiene el ciudadano común respecto a la extorsión».
El jefe del gabinete de transición formado por el presidente interino, José Jerí, recordó que cuando este fenómeno de la criminalidad organizada estalló, hace unos años, en la norteña ciudad de Trujillo «nadie le daba importancia», pero que «ahora ha penetrado en Lima en todos los estratos sociales».
En tal sentido, Álvarez apuntó que la meta del Gobierno es «impactar en esta ola de criminalidad», de una forma tan grande que «ya no sea necesario restringir libertades» y derechos constitucionales, como sucede ahora con la declaratoria de emergencia al suspender la inviolabilidad del domicilio y de reunión, además de limitar la libertad de tránsito, entre otras.
Un fallecido en las protestas
Respecto a la consulta sobre las últimas protestas en Lima contra la criminalidad y el Gobierno, antes de la declaración de emergencia, el primer ministro dijo que la diferencia radica entre los manifestantes que convocaron la protesta y los «subversivos» que actuaron por la noche para atacar a la Policía Nacional y generar conmoción social.
«Estamos hablando de gente entrenada, que a veces superan en número a la Policía», indicó Álvarez.
Sobre la implicación de un suboficial de la Policía en el disparo que mató a un manifestante, conocido por el apelativo de Trvco, el primer ministro comentó que se trata de «un policía que, en el ejercicio de su defensa, ha hecho uso inadecuado de su arma».
La polémica por disparo y la responsabilidad policial
Añadió que, en el proceso abierto por presunto homicidio, se determinará la validez, o no, de si el proyectil tenía la destrucción típica cuando se realiza un rebote previo. Esa circunstancia «disminuiría notablemente su responsabilidad», dijo el jefe del gabinete.
La defensa del suboficial Luis Magallanes sostiene que el agente no disparó directamente al cuerpo del manifestante Eduardo Cruz, sino que disparó al suelo y que la bala rebotó en la víctima.
La Fiscalía ha solicitado este jueves el impedimento de salida del país de Magallanes y que se le dicte un mandato de comparecencia con restricciones, ante el término de su detención preventiva.
Por otro lado, Álvarez se declaró en contra de las iniciativas para implantar la pena de muerte porque en su opinión «no disuade al violento o al reincidente, al contrario lo convierte en héroe y ejemplo».EFE
