El Gobierno de Nicaragua pidió hoy a los cancilleres de América Latina y el Caribe que la Carta Democrática Interamericana (CDI) no le sea aplicada a su país, ante la reciente solicitud en tal sentido del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
«Solicito amablemente el apoyo de sus gobiernos para que las peticiones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, relacionadas con la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, no sean aprobadas», pidió el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, en un escrito de 21 páginas.
El pasado jueves Almagro anunció el inicio del procedimiento de la aplicación de la CDI a Nicaragua y el sábado solicitó al Consejo Permanente de la OEA una sesión de urgencia para abordar el caso.
Almagro, de nacionalidad uruguaya, tomó la decisión basado en que las actuaciones recientes del Gobierno de Nicaragua, de negarse a aceptar la responsabilidad de una crisis que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega, ha provocado «una alteración del orden constitucional».
El secretario general de la OEA anunció el inicio del proceso de aplicación de la CDI a raíz de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijese tener pruebas de que el Gobierno de Nicaragua ha cometido crímenes «de lesa humanidad», supuestamente para mantenerse en el poder.
En su petición a los gobiernos vecinos, Moncada insistió en que Almagro «no está facultado, en las actuales circunstancias», para solicitar la CDI, ya que esta, según el canciller, únicamente debe ser aplicada en caso de un golpe de Estado «consumado que ha derrocado un Gobierno democrático, lo cual no ha ocurrido en Nicaragua».
El ministro de Exteriores sostuvo que la crisis, que ha dejado entre 325 y 545 muertos, cientos de presos y decenas de miles de exiliados desde abril según organismos humanitarios, es en realidad un intento de golpe de Estado, y reclamó la intervención de la OEA en favor de Ortega, a quien la CIDH ha responsabilizado de graves violaciones a los derechos humanos.
El canciller de Nicaragua, cuyo Gobierno reconoce 199 muertos, advirtió de que, de aplicarse la Carta Democrática al país centroamericano, la OEA «quedará deslegitimada como organismo regional».
En sus 70 años de historia, la OEA solamente ha suspendido a Cuba y Honduras, mientras que en su Asamblea General de este año dio un primer paso para iniciar ese proceso con Venezuela.
Para aprobar la suspensión, que es la máxima sanción de la OEA, se necesitan 24 votos, es decir, dos tercios de los 34 países que son miembros activos del organismo (Cuba pertenece a la institución pero no participa en ella desde 1962).
EFE
