El Gobierno de Bolivia se comprometió este lunes a trabajar «arduamente» en la disminución de los cultivos de hoja de coca y alertó de una «permisividad» en la anterior administración gubernamental, tras conocer el informe de Naciones Unidas que señala que hubo un incremento de 10 % en esas plantaciones en 2024.
«Si bien estos antecedentes no son alentadores, debo manifestar que nosotros, por instrucción del presidente (Rodrigo) Paz Pereira, vamos a trabajar arduamente para tratar de reducir los cultivos de coca», sostuvo el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.
Oviedo participó, junto al canciller boliviano, Fernando Aramayo, en la presentación del ‘Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2024’ en Bolivia elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, en inglés) con financiación de la Unión Europea (UE).
Según ese estudio, los cultivos de hoja de coca se incrementaron un 10 %, al pasar de 31.000 hectáreas en 2023 a 34.000 hectáreas en 2024.
Superficie autorizada y excedente
Al presentar el informe, la representante de la Unodc en Bolivia, la colombiana Mónica Mendoza, recordó que la superficie autorizada para estas plantaciones en Bolivia es de 22.000 hectáreas, por lo que «el excedente entre la cifra autorizada y la reportada alcanza las 12.000 hectáreas».
El ministro Oviedo consideró que estos «datos demuestran con claridad la permisividad que hubo en el pasado inmediato sobre este tema de la erradicación de los cultivos de coca».
La autoridad boliviana destacó el informe como un «aporte» que orientará y que «esquematiza la política de erradicación de las plantaciones excedentarias» de hoja de coca «que se desvían al narcotráfico».
Al margen de la destrucción de las plantaciones ilegales, Oviedo consideró importante definir cómo enfrentar la problemática «de manera integral» y abordar también otras áreas, como la lucha antidrogas, o el fortalecimiento del sistema judicial.
Los principales aumentos se dieron en la zona central del Trópico de Cochabamba, donde la superficie se incrementó en 18 %, de 12.125 hectáreas en 2023 a 14.275 en 2024; y en la zona subtropical de los Yungas de La Paz, donde la superficie subió un 4 %, de 18.439 a 19.230 hectáreas en el mismo periodo.
En el norte del departamento de La Paz hubo una disminución de 2 %, de 486 a 478 hectáreas y también se reportó un decremento de 12 % en las áreas protegidas y parques nacionales, de las 583 hectáreas registradas en 2023 a 515 en 2024.
El informe también da cuenta de una disminución en 2,9 % en la superficie de cultivos ilícitos destruidos, de 10.302 hectáreas alcanzadas en 2023 a 10.001 el año pasado.
Hoja de coca en la constitución
La hoja de coca en Bolivia está consagrada en la Constitución vigente desde 2009 por sus usos tradicionales, medicinales y culturales, pero una parte de la producción es desviada al narcotráfico para la fabricación de cocaína.
En 2017, en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), se promulgó una ley que amplió la superficie legal en el país de 12.000 a 22.000 hectáreas.
En 2013, Bolivia se volvió a adherir a la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, con una reserva para permitir dentro de su territorio el acullico o masticado de la hoja de coca, una costumbre que se extendió desde las zonas rurales a las ciudades en los últimos años.
El Gobierno de Luis Arce (2020-2025) buscó que el arbusto salga de la lista de estupefacientes, para lo que pidió a la Organización Mundial de la Salud (OMS) una «revisión crítica» de sus propiedades medicinales.
A principios de mes, se conoció que la OMS decidió mantener la hoja de coca en la Lista I de la Convención contra las drogas, al concluir que su fácil conversión en cocaína y el gran aumento de la producción mundial de esa droga suponen un riesgo para la salud pública.
