El foco de la comunidad internacional se centra en la frontera colombiana. El Banco Mundial prepara un estudio para afrontar la emergencia
Livia Herrera cruzó la frontera colombiana cuando estaba embarazada de seis meses. Cuenta que viajó desde Barinas, el Estado donde nació Hugo Chávez, y hace 25 días dio a luz en Cúcuta. Es una de los más de 5.100 venezolanos que han pasado por el centro de atención de Villa del Rosario, el municipio en el que desemboca el Puente Internacional Simón Bolívar, principal vía de acceso al país. Allí recibe ahora los cuidados de Cruz Roja y tiene el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Su objetivo es reunir el dinero suficiente para atravesar Los Andes y llegar a Ecuador, como René Añasco, de 62 años, que tras una vida en Isla Margarita decidió abandonar su trabajo de pescador y dejarlo todo en busca de oportunidades, relata a media voz.
La inmensa mayoría de los que huyen de la gravísima crisis social y económica que golpea a Venezuela –al menos 2,3 millones de personas, según Naciones Unidas– lo hacen a través de la frontera de Colombia. En el país hay alrededor de un millón de refugiados. En el hospital universitario de Cúcuta se han atendido en los últimos tres meses más partos de migrantes que de mujeres locales. El éxodo, cuyas evidencias Nicolás Maduro volvió a negar esta semana ante la Asamblea General de la ONU, continúa. Y, aunque su intensidad es variable, la crisis, sin precedentes en América Latina, se ha convertido en una prioridad de la llamada comunidad internacional. Es decir, ya no es solo una emergencia que compete a las autoridades colombianas. Ni siquiera se trata exclusivamente de un asunto regional. Esa respuesta queda de alguna manera reflejada en la fotografía actual de esa zona, donde ya se ha multiplicado el trabajo de asistencia y la presencia de organismos multilaterales. Pero no es suficiente.
El siguiente paso consiste en actuar y unir fuerzas. «Este es un tema que ha ido en aumento, que se ha ido incrementando de manera exponencial y creo que se requiere una respuesta importante», señala Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. «Tenemos que buscar cerrar filas y ver cómo podemos apoyar a Colombia y al resto de la región para atender esta situación», defiende. Familiar se reunió el viernes con el presidente colombiano, Iván Duque, y después viajó a la frontera para conocer de primera mano la situación. Su institución prepara un informe sobre el impacto del éxodo, con un diagnóstico y unas recomendaciones que pueden respaldar a los Gobiernos de la región. La repercusión en el país andino supera, de momento, los 1.500 millones de dólares, un 0,5% del PIB, según adelantó el propio mandatario.
En cualquier caso, son las historias detrás de esas cifras las que ayudan a comprender qué está pasando. «Mi hijo no tiene pasaporte, sigue en San Antonio», explica a un funcionario Leonardo Enrique Fernández, de Valencia, mientras tramita un Permiso Especial de Permanencia (PEP), un documento que da acceso a los servicios básicos durante dos años. En Venezuela es cada día más complicado lograr un pasaporte, cuya expedición puede tardar más de dos años y alienta la corrupción.
El Gobierno de Maduro niega la emergencia migratoria y ha organizado algunas repatriaciones colectivas de decenas, quizá cientos de personas, con puesta en escena televisiva para tratar de rebajar la presión internacional. Sin embargo, el propio Consejo de Derechos Humanos de la ONU denunció el jueves en una resolución que «cientos de miles de ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, incluidos hombres, mujeres y niños, se ven obligados a abandonar el país, entre otras cosas, en razón de una crisis política, económica, social y humanitaria que afecta gravemente a sus derechos humanos». También hay una comunidad del pueblo indígena yukpa, que tradicionalmente vive entre los dos países, que decidió vadear el río Táchira e instalarse en Cúcuta, cerca el puente Francisco de Paula Santander, uno de los más transitados después del Simón Bolívar. Los líderes de las 23 familias, Dionisio Finol y Reynaldo Ramírez, cuentan las dificultades a las que enfrentan, de la lucha contra la desnutrición a un reciente brote de varicela.
«Hay cosas que se saben, porque uno lee reportes, obtiene información y ve datos, pero no hay nada cómo verlas de primera mano», continúa Familiar, que estuvo acompañado en su visita por el gerente de frontera, Felipe Muñoz, y responsables de Acnur y la OIM. «Lo que se corrobora es una situación que genera una presión muy grande, una migración que tiene enormes impactos sobre la vida de las personas, empezando por los migrantes mismos, pero también las poblaciones que los acogen». En su opinión, «en estos procesos no solo se están atendiendo las necesidades de los migrantes, sino que se están generando bienes públicos regionales y globales».
«El servicio que está dando el Estado colombiano al atender por ejemplo las necesidades de salud de unos migrantes que requieren de atención es claramente un bien público global», considera. En cualquier caso, la experiencia del Banco Mundial en otras crisis migratorias puede ayudar a ver el vaso medio lleno. «Además de la ayuda humanitaria hay un mediano y largo plazo. La migración implica retos, pero también trae beneficios. Una población que migra, lo que ha sucedido en el mundo lo muestra, es una población que es emprendedora y a la vez contribuye a las comunidades a las que migra», razona. Este es hoy uno de los principales desafíos de Colombia, de la región y, en buena medida, de América Latina.
FRANCESCO MANETTO
