El anuncio de la negociación con las disidencias es bienvenido, pero el grupo al margen de la ley parece vivir en una realidad paralela.
A Colombia la están recorriendo los ecos del pasado. En las sabanas del Yarí (Caquetá), la disidencia de las Farc autoproclamada como Estado Mayor Central se pavoneó, usando los emblemas, uniformes y hasta el himno de la desaparecida guerrilla, haciendo un manifiesto y anunciando que los diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro iniciarán el próximo 16 de mayo. También se dejó ver Iván Mordisco, uno de los traidores al Acuerdo de Paz más visibles y comandante de la organización que estima tener unos 3.000 miembros. La justificación de la violencia y de la connivencia con el narcotráfico se hizo como ya conocemos: apelando a la desigualdad y la supuesta representación de un pueblo maltratado. La administración Petro debe recorrer con cuidado el camino lleno de obstáculos para lograr desarmar a las disidencias.
Hace menos de un año, el 15 de julio del 2022, el entonces presidente Iván Duque dijo: “Hemos asestado un nuevo golpe a las estructuras criminales [de las disidencias]. Los hemos enfrentado y esa estructura ha sido golpeada en su núcleo central, incluyendo al propio Iván Mordisco. Su caída y la caída de su estructura es un triunfo de la legalidad”. Al poco tiempo se supo que la inteligencia colombiana se había equivocado sobre la muerte de Iván Mordisco y las imágenes que vimos ayer en Caquetá son otra evidencia del fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno anterior. Pese a los esfuerzos de la fuerza pública, las disidencias y otros grupos al margen de la ley tienen amplia capacidad de operación y de hacer daño. Por eso, era necesaria una nueva apuesta por la paz.
El problema para el equipo negociador del Gobierno, así como ocurre en las conversaciones con el Eln, es que están lidiando con discursos delirantes de los grupos armados. En entrevista publicada por Colombia+20 de El Espectador, Andrey Avendaño, uno de los negociadores delegados de la disidencia del Estado Mayor Central, dijo: “No somos disidentes porque nosotros no reconocemos el proceso de paz, para nosotros nunca existió. Por ejemplo, yo firmé el acuerdo de La Habana por un beneficio porque estaba preso, era una oportunidad de salir porque estaba convencido de que el acuerdo no se iba a cumplir”. En una sola declaración está la síntesis de la traición a los colombianos: aprovechar la buena fe de las negociaciones entre el Gobierno y las Farc para seguir delinquiendo. También es una ofensa a todos los excombatientes que no solo han cumplido el acuerdo, sino que se han integrado a la vida política nacional con sus aportes y la búsqueda de construir un país en paz.
Por eso es inevitable escuchar los ecos del pasado: la arrogancia agresiva de algunos miembros del exsecretariado de las Farc, la justificación sin reflexión sobre la violencia y el terror que siembran las disidencias, y las exigencias al Gobierno de llevar a cabo cambios estructurales que, por su sola naturaleza, necesitan años para ser implementados. Es necesario apostarle a la paz, sin olvidar que sin legitimidad social los acuerdos se quedan cortos. El reto para el Gobierno Petro es conseguir que los discursos también se desarmen en la mesa de negociación.
Editorial de El Espectador
