La preocupación sobre nuestra disputa por el territorio Esequibo subió de tono con unas ampulosas declaraciones de Hermann Escarrá del pasado 23 de febrero. Se trata de un abogado que no está familiarizado con estos complejos asuntos de Derecho Internacional y, sin embargo, se atreve a presentar propuestas sobre un asunto que no conoce, como se evidencia en sus declaraciones. Una de ellas es pretender darle carácter confidencial a lo que proponga el régimen sobre el delicado asunto del Esequibo. Nada más reñido con lo que conviene a los más altos intereses del Estado. Lo que se requiere en esta materia es una amplia discusión que incluya a todos los sectores, sin exclusiones ni mezquindades. No es andando por delante y por detrás como debemos enfrentar la disputa.
Por medio de malabarismos argumentativos y giros lingüísticos, el “constitucionalista” de la revolución desliza la idea de que Venezuela no debe comparecer al juicio intentado por Guyana, y aferrarse al Acuerdo de Ginebra. Aferrarse al acuerdo ha sido una posición de Estado de todos los gobiernos desde que se suscribió el 17 de febrero de 1966. Pero ahora tenemos la decisión de la Corte Internacional de Justicia que, el 18 de diciembre de 2020, declaró su competencia para decidir, y lo hará. No tenemos escapatoria.
La sentencia de la Corte se produce ante una estrategia equivocada del régimen de Maduro que decidió no participar en la fase preliminar del proceso, porque no reconoce la jurisdicción del tribunal. Con esta conducta de brazos cruzados se perdió la oportunidad de presentar alegatos en nuestro favor. Por si fuera poco, se envía una señal negativa a los miembros del tribunal encargado de decidir.
Así las cosas, Venezuela no tiene otra opción que participar en el proceso y discutir el mérito del asunto para defender los derechos e intereses de nuestro país, diga lo que diga Hermann Escarrá.
Participar en el proceso con Guyana es lo que han recomendado distintos articulistas de este diario. Todos han coincidido en la necesidad de comparecer en el juicio para formular alegatos. También es la posición de la Academia de Ciencias Políticas en una carta enviada el pasado 26 de febrero a Delcy Rodríguez y Jorge Arreaza (Disponible en la página web de Acienpol).
Debe quedar claro que Venezuela cuenta con sólidos títulos históricos y jurídicos, como lo ha demostrado el sacerdote jesuita Hermann González Oropeza en su libro Atlas de la historia cartográfica de Venezuela. Por consiguiente, la participación en el juicio permite a Venezuela hacer sus alegatos y contrademandar para pedir la nulidad del Laudo Arbitral de 1899, lo que no podrá hacer si acogemos la tesis de permanecer ajenos a la controversia.
Participar en el juicio nos permitirá, además de designar un agente para que asuma la representación del Estado, nombrar un juez ad hoc. Este juez debe ser el producto de una consulta entre los distintos sectores para buscar a un jurista idóneo, de reconocida solvencia intelectual y moral. Aquí no puede haber espacio para sectarismos políticos ni mezquindades.
Este es un asunto de Estado, en el cual hay que deslastrarse de solidaridades ideológicas y hay que desconfiar en los supuestos “aliados”, que han declarado tener intereses opuestos s a los nuestros. Aquí hay que recordar la declaración del canciller cubano de la época, Ricardo Alarcón, cuando el 7.10.1981 afirmó: “El reclamo venezolano es prueba de expansionismo y Guyana tiene pleno derecho a gozar de su entero territorio con plena libertad”. Esto no puede pasar inadvertido en vista de la reconocida influencia del gobierno castrista sobre los asuntos venezolanos.
Sería irresponsable y caprichoso acoger las propuestas de Hermann Escarrá en el diseño de una estrategia para la defensa de nuestro territorio. Al contrario, hay que escuchar a quienes han afirmado la necesidad de participar en el juicio y alegar nuestras defensas. Venezuela así lo exige.
Editorial de El Nacional
