Caído Pedro Castillo a principios de diciembre, como otros cinco mandatarios peruanos antes que él en el plazo de un poco más de seis años, la violencia política que ya se ha cobrado cerca de medio centenar de vidas amenaza con poner fin al breve y frágil gobierno que encabeza Dina Boluarte.
Desde el domingo fueron declarados en emergencia los departamentos de Cusco y Puno, la ciudad capital Lima, la provincia constitucional del Callao, y varias provincias en los departamentos de Apurimac (del cual es la presidenta), Madre de Dios y Moquegua.
La medida, que se puede extender por 30 días, autoriza al Ejército a intervenir para mantener el orden, lo que también puede suponer más derramamiento de sangre y más víctimas que lamentar. Hay evidencia, según medios y analistas, de que el gobierno está haciendo un uso excesivo de la fuerza.
La gran pregunta es si Boluarte resistirá otro mes en el poder. En Perú es moneda corriente remover un presidente, incluso en menos días. Manuel Merino, quien fue promovido desde la presidencia del Congreso, aguantó 5 días entre el 10 y el 15 de noviembre de 2020
La situación de Dina Boluarte luce insostenible. Esta abogada de 60 años con escasa experiencia política y aún menos liderazgo, llegó a la presidencia por sucesión constitucional: era la primera vicepresidenta y rompió con Castillo cuando este intentó el cierre del Congreso. «Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional», dijo.
Sectores conservadores del Parlamento apartaron convenientemente algunas investigaciones en su contra y reconocieron la sucesión de Boluarte, que además de su falta de experiencia carece también de un partido que la respalde y de una bancada a su favor. Hay quien percibe a la presidenta ahora como rehén de los legisladores.
El desencadenamiento de las protestas desde el sureste del país y con rumbo a la capital echó por tierra la “tregua política” que Boluarte le pidió al país para instalar un gobierno de unidad nacional.
Los manifestantes, en que se cuelan sectores violentos, exigen el cierre del Congreso (lo que intentó Castillo), la renuncia de Boluarte y la convocatoria a una Asamblea Constituyente: una propuesta esta última aún minoritaria en la opinión pública pero creciendo, lo que implica un grave riesgo para la ya precaria institucionalidad democrática del país.
Perú es de los países de la región, de acuerdo con el Barómetro de las Américas, más insatisfechos con la democracia y donde más gente está dispuesta a aceptar un régimen autoritario si resuelve los problemas. Los sondeos de opinión también indican que tanto la presidencia como el Congreso tienen un muy bajo nivel de aceptación. Los ingredientes de la tormenta perfecta.
Boluarte lograría el éxito si controla las protestas con apego a la ley y convence al Congreso del adelanto electoral para finales de este año, con la intención de relegitimar los poderes y evitar las salidas extremas. No sería poca cosa.
Editorial de El Nacional
