Ayer nuestra asediada Venezuela apareció ante la opinión pública mundial como un “país problema”, con graves compromisos económicos, con su principal fuente de divisas, el petróleo, con una decadencia acentuada en sus niveles de producción y, por si fuera poco, paralizada por la cercanía cada vez más certera de un default. No se trata pues de una estrategia del imperio y sus aliados, sino la constatación de una realidad que a estas alturas resulta muy difícil de ocultar.
En numerosas oportunidades los analistas y estudiosos venezolanos habían advertido sobre estos peligros que nos aguardaban luego de una infeliz gestión por parte de los burócratas del oficialismo que, más interesados en su fortuna personal y su sed particular de poder, desatendieron sus deberes con la república y con el futuro del país. Y lo más triste es que esconden su incompetencia y su ineptitud apelando a la propaganda barata y vulgar, a la mentira repetida con cinismo y frecuencia.
Desde hace tiempo en los altos círculos del oficialismo y los de mayor confianza de los jerarcas militares y civiles se discutía, con un dejo de sensatez, sobre la necesidad imperiosa de aceptar un cambio de rumbo que permitiera paliar la crisis sin producir tantos dolores y sacrificios entre la población que hoy, como era de esperarse, hace esfuerzos por mantenerse a flote en medio de la miseria económica, la inseguridad y la ausencia de medicinas y transporte dignos.
Nadie en las altas esferas tuvo la valentía de aceptar que era necesario reconocer los errores cometidos, reformular las políticas sociales, concentrar los esfuerzos en aquellos sectores más vulnerables y desasistidos, reducir los gastos innecesarios e impulsar prudentemente la actividad privada para sembrar posibilidades concretas que permitieran reactivar la economía. Con audacia, sin sectarismo y con valentía se hubiera rectificado el rumbo insensato que hoy nos mantiene al borde del abismo y, para peor, sin esperanzas de sortear las dificultades que surgen por doquier.
Ayer en el escenario mundial Venezuela fue, como decíamos al comienzo, un punto inevitable en las agendas de las instancias internacionales. Tal como lo reflejó la agencia Efe, “los ministros de Exteriores de la Unión Europea acordaron por unanimidad impulsar todos los esfuerzos políticos y diplomáticos para apoyar una salida pacífica negociada a la crisis política”.
También advirtieron que esas medidas podrán ser extendidas a quienes “no respeten los principios democráticos o del Estado de Derecho” o estén implicados en “la violación de los derechos humanos”. Por si ello fuera poco abrió las puertas para crear la base legal de “una lista de personas sancionadas a las que congelaría sus bienes y prohibiría entrar en territorio comunitario”. Desde luego esto tiene un significado altamente preocupante para quienes están ligados a la represión interna, a los negocios vinculados a la corrupción y al lavado de dinero.
Ahora bien, ¿era necesario llegar a este estado de cosas, a este escenario que se aparta de las vías diplomáticas y de las justas prácticas reconocidas en la comunidad internacional por manejar una política grosera, retorcida y vulgar?
Editorial de El Nacional
