Una serie de hechos que han causado conmoción en Venezuela en los últimos días han desatado el rechazo de los venezolanos, que en las redes sociales se han sumado a una campaña para condenar la violencia contra niños, niñas y adolescentes (NNA).
Son casos como el de un hombre que abusó de sus 7 nietas de entre 3 y 16 años, y el asesinato de una niña de 5 años, cuyo cadáver fue hallado con múltiples heridas y lesiones en las zonas intimas.
Ante la situación, el Movimiento Ecológico de Venezuela (Movev), partido minoritario de la oposición, anunció que estudia presentar ante el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional (AN), de mayoría chavista, una propuesta de castración química para quienes cometan un delito de violación.
Consultado por Voz de América, Alejandro Aguilera, diputado por el Movev, considera se trata de una “opción viable” y añade que el propósito es “estudiar y evaluar”, desde el punto de vista social y jurídico, si el mecanismo es aplicable en Venezuela.
“Hay que hacer unas modificaciones a lo que es el sistema social venezolano, el sistema jurídico. Hemos visto informes de países como Dinamarca y Suecia, la reincidencia en este tipo de delito sí ha disminuido. Ha sido efectivo en países desarrollados”, expone.
La castración química, explica la médico sexóloga Luz Jaimes, busca disminuir la testosterona en sangre cuando el abusador es varón, para que la hormona no intensifique el impulso sexual y “dispare” las ideas de abuso infantil. Es aplicado en algunos estados de Estados Unidos, Polonia, Rusia y Corea del Sur entre otros países.
Aguilera afirma que es necesario revisar el marco jurídico y evaluar qué es posible y qué no, pero, en todo caso, subraya que no debe interpretarse como una “doble pena”, prohibida en la legislación venezolana, y menos aún como una “pena cruel, inhumana y degradante”, o una venganza.
“En algunos países es voluntario, se puede hacer una especie de canje cuando ya cumplen parte de su sentencia y ellos siguen como una especie de régimen de presentación y dependiendo del medicamento que se le aplique. Ellos tienen que asistir o vuelven nuevamente a ser privado de la libertad”, explica mientras admite que es necesario que el Estado brinde ayuda psicológica.
Debate
Advierte que, de avanzar la propuesta, tomará tiempo y, en teoría, bajaría los indicadores. Otras alternativas, señala, podría abarcar el aumento de pena por el delito y el tratamiento psicológico.
El planteamiento generó reacciones en las redes sociales, donde algunos usuarios se declararon a favor de castigos más severos para violadores y pedófilos, como la castración quirúrgica o la pena de muerte, prohibida en el país.
“El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla”, precisa el artículo 43 de la Constitución.
Respecto a las acaloradas reacciones en las redes sociales, Carlos Trapani, coordinador de Cecodap, organización dedicada a la promoción y defensa de los NNA, considera que no debe confundirse “justicia con venganza”.
“No necesariamente el aumento de una pena evita el delito, el delito se alimenta de la impunidad, mientras haya impunidad habrá más delito de homicidio, de violencia sexual o cualquier otro”, resaltó en un conversatorio sobre pedofilia y formas de violencia sexual contra NNA.
La medico sexólogo Luz Jaimes precisa que es necesaria evaluación psiquiátrica-psicológica y sexológica de los pedófilos para determinar qué los impulsa a tomar ese camino y las causas de la reincidencia.
Sin sentido
Para Magdymar León, psicóloga clínica y coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), el planteamiento de castración química parte del desconocimiento del manejo del tema del abuso sexual.
“Es absurda (…). La violación sexual en Venezuela puede ser realizada con el pene, pero también con el dedo y con objetos, y no es verdad que todos los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes son cometidos con penetración por parte del pene”, explicó a la Voz de América.
León sostiene que una persona castrada químicamente puede continuar violando: “Eso no tiene ningún sentido, las acciones tienen que ser de otra naturaleza”, afirma.
La sexóloga Luz Jaimes coincide en que el método, aplicado por sí solo, no ayuda a cambiar conductas, pero sí el tratamiento interdisciplinario, “que no es solo el químico, sino la parte emocional, la parte conductual, la parte cognitiva, la parte familiar”, un tratamiento global.
Además, sostiene que no hay educación para los pedófilos y que, en las cárceles, el mayor castigo que reciben son los abusos que surgen por parte de otros reclusos cuando se enteran de que han abusado a niños.
“Si hablamos del tratamiento al abusador, debería ser multidireccional, interdisciplinario y evaluar cada caso en específico, qué necesita y qué se debe dar. Las condiciones del país para estos tratamientos no están dadas a menos que esta persona busque ayuda médica y pueda él mismo tener atención”, opina.
Jaimes recuerda que la pedofilia es una patología, dentro de las llamadas, anteriormente desviaciones sexuales, ahora parafilias.
Trapani añade que, el agresor no solo se ve impulsado por placer sexual, sino por otras expresiones como la búsqueda de hacer daño, asimetrías de poder, o la dominación, por lo que considera que se debe llevar a cabo el análisis y la discusión para, en función de eso, tomar la decisión que más beneficie y proteja a los NNA.
Penas
En cuanto al abuso sexual a NNA, la Ley Orgánica de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes (Lopna), establece en sus artículos 259 y 260 que “quien realice actos sexuales con un niño o participe en ellos, será penado con prisión de uno a tres años“.
“Si el acto sexual implica penetración genital, anal u oral, la prisión será de cinco a diez años. Si el culpable ejerce sobre la víctima autoridad, guarda o vigilancia, la pena se aumentará en una cuarta parte”.
Si bien el año pasado se publicó la Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual Contra Niños, Niñas y Adolescentes, que refuerza elementos contemplados en otras leyes, Trapani alerta que no basta reconocer derechos y obligaciones, si no se traduce en políticas públicas, programas y servicios.
El Ministerio Público (MP) informó en septiembre que, durante los primeros 8 meses del año, recibió 718 denuncias de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
A mediados de este año, el fiscal general Tarek William Saab anunció el inicio de una campaña contra la pedofilia en el país.
Con información de VOA.
