La reacción de la comunidad internacional ante los atropellos y el incumplimiento del Acuerdo de Barbados sobre la realización este año de unas elecciones libres y justas ha sido contundente. Gobiernos demócratas de todo el mundo y parlamentos e instituciones internacionales rechazan la violencia y la intención del régimen de Nicolás Maduro de impedir las elecciones, de torpedear un proceso constitucional impostergable y de vetar ilegalmente a la candidata de la oposición María Corina Machado que goza de más del 75% de popularidad y que expresa la esperanza y la fe en la recuperación de la democracia en el país.
El Parlamento Europeo aprobó una resolución muy importante por más de 440 votos contra 21 apoyada por casi todas las fuerzas políticas de la región, incluido el bloque socialista, lo que refleja que, como en el Congreso de Estados Unidos, el tema Venezuela es objeto de consenso en el que participan tanto demócratas como republicanos.
La reacción del régimen de Maduro no se hizo esperar. De injerencista calificó la aprobación de la resolución por el Parlamento Europeo, declaró personas no gratas a los diputados que votaron a favor de ella y anunció que no aceptarán su participación como observadores del proceso. Como toda dictadura desconocen que la democracia y los derechos humanos no son una cuestión exclusiva de cada nación, sino una cuestión del interés de todos, por lo que la comunidad internacional está facultada para exigir el respeto de las normas y principios que la regulen, no siendo para nada injerencia en los asuntos internos de los países.
Sin la participación de María Corina Machado, se ha dicho con énfasis, no habría elección libre y sus resultados no serían en consecuencia reconocidos. La comunidad internacional ha manifestado su apoyo al proceso y a sus formas y un reconocimiento incuestionable a la líder que, pese a las amenazas y atropellos, sigue recorriendo el país logrando un apoyo sin precedentes, anunciando un cambio pacífico por la vía electoral y un proceso de transición justo, para reconstruir un país en el que deberán caber todos los venezolanos sin discriminación alguna.
Editorial de El Nacional
