El Congreso de Costa Rica decidirá el martes si levanta o no el fuero al presidente del país, Rodrigo Chaves, para que afronte denuncias sobre presunta intromisión en política que está tramitando el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), lo que podría derivar en una suspensión a futuro para ejercer cargos públicos y hasta la destitución del cargo.
La Asamblea Legislativa costarricense realizará el martes una sesión en la que votará si levanta o no el fuero del mandatario por un pedido del TSE que lo investiga por 15 denuncias de beligerancia política, que consiste en la intervención del mandatario en política o en la campaña electoral.
En Costa Rica, donde no hay reelección consecutiva, diversos funcionarios, entre ellos el presidente y su gabinete, están imposibilitados de participar o ejercer influencia en las campañas electorales, así como de utilizar sus cargos para beneficiar o perjudicar a algún partido político, y participar en discusiones o actividades político-electorales.
A Chaves, quien terminará su mandato en mayo próximo, se le acusa de haber incurrido en beligerancia política durante actos oficiales en contra de partidos y líderes de oposición, y de influir en la campaña rumbo a las elecciones del 1 de febrero de 2026, como por ejemplo con pedidos para la elección de una mayoría de diputados «patriotas» dispuestos a reformar las instituciones del Estado.
Los procesos de desafuero contra Rodrigo Chaves
Este es el segundo proceso de desafuero que se tramita en contra del mandatario. El primero, que no obtuvo los 38 votos necesarios (mayoría calificada), se realizó en septiembre pasado y se trataba de una denuncia de la Fiscalía por un aparente manejo irregular de fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El panorama para esta segunda votación es similar y ya algunos diputados y bancadas anunciaron que votarán en contra del desafuero, como es el caso del evangélico Nueva República que afirmó que no quiere convertir a Chaves en «mártir» en plena campaña electoral rumbo a las elecciones del 1 de febrero, pues ello le daría ventaja a la candidata oficialista, Laura Fernández, quien se presenta como la «heredera» del mandatario.
La defensa de Chaves se ha basado en cuestionar la imparcialidad del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y en afirmar que es inconstitucional que el tribunal solicite el desafuero del mandatario, ya que, a su juicio, ello solo aplicará para acusaciones penales y no para denuncias de beligerancia política.
El pasado 14 de noviembre, Chaves rindió testimonio en la comisión legislativa que conoció en primera instancia la denuncia del TSE, pero se retiró sin responder preguntas enfadado por el tiempo que la comisión le asignó a su abogado para exponer.
Ese día, Chaves tildó de «circo» y «ópera bufa» la solicitud de retiro de inmunidad y defendió su derecho de «expresar las visiones sobre un futuro próspero para la patria, sin decir por quién votar, pero sí que el pueblo de Costa Rica necesita 38 diputados patrióticos para cambiar las arbitrariedades». EFE
