Ayer no fue el Día D del gobierno interino que lidera Juan Guaidó. El desembarco de las fuerzas opositoras sobre un búnker también opositor fue pospuesto por 24 horas, al menos. El suspenso continuará durante el día de hoy, última jornada laboral de este 2022 de uvas amargas. A la espera de que se realice la anunciada sesión sancionatoria de la reforma al Estatuto que Rige la Transición a la Democracia.
Los proponentes de la reforma que pone fin al interinato y, por tanto, a la presidencia encargada de Guaidó, los partidos Acción Democrática, Movimiento por Venezuela, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, emitieron un comunicado en la víspera de la sesión que no se realizó para explicar «públicamente» lo que está entonces o era un secreto o estaba falto de explicación, a pesar de que una semana antes ya se había votado afirmativamente en primera discusión. La carreta delante de los bueyes.
El comunicado consta de ocho apartes: unos que parecen considerandos, a los que siguen las razones que sustentan la propuesta de reforma y concluye con unos propósitos de escasa convicción y dudosa realización.
Vayamos por partes:
El comunicado del G-3 más MPV precisa que el gobierno interino se creó para «restablecer la vigencia de la Constitución, promover elecciones libres y proteger los activos del Estado venezolano en el extranjero» y contó con el «entusiasmo y generosidad» de todas las fuerzas democráticas.
Ese par de términos de «entusiasmo y generosidad» recuerdan aquella frase infeliz de «solidaridad inteligente» que Copei parió para diferenciarse del gobierno de su compañero de partido Luis Herrera Campins en los lejanos años ochenta, que retrucó el propio dirigente político como buen llanero con «lo inteligente es ser solidario». El de Herrera Campins fue un gobierno de Copei, ¿el de Guaidó fue de «todas las fuerzas democráticas»?
El punto 3 del comunicado plantea revisar «estratégicamente» la utilidad del interinato, lo que ocupó poco tiempo y menos espacio porque en el par de líneas siguientes del texto se declara el cese del mismo.
Las razones que justifican la postura del G-3 y su acompañante apenas merecen unas letras cursivas y la más mínima densidad para analizar una acción política que colocó al régimen de Maduro ante su mayor desafío y contribuyó a consolidar ante el mundo democrático su carácter ilegítimo.
Podría preguntarse ¿cuándo se dieron cuenta de que no se lograron los objetivos políticos? ¿En los 30 días que señala el artículo 233 de la Constitución? ¿Por qué esperaron cuatro años? ¿Expondrán los proponentes los «escándalos de corrupción del gobierno interino? Y, lo más importante, si el gobierno interino dejó de ser útil para la democratización del país, ¿qué lo sustituirá? ¿Cómo se garantiza la utilidad si solo se ofrece «entusiasmo y generosidad”?
En la parte final del comunicado, la de los propósitos bien intencionados, los partidos del G-3 y su aliado hacen dos reiteraciones: una, que ellos siguen creyendo que el régimen ―el de Maduro― es ilegítimo y que el paso que dan para sacar del medio al gobierno interino construirá «una unidad más sólida y realista en la lucha democrática».
Una curiosa, y fracasada, vía para promover la unidad.
Editorial de El Nacional
