La decisión de un tribunal de condenar al director del diario El Correo del Caroní abre, más allá de las particularidades del caso, toda una amplia gama de preocupaciones e interrogantes sobre el ejercicio del periodismo en Venezuela, sobre todo porque de la sentencia se derivaría que no se puede informar sobre un caso de corrupción hasta que no exista una decisión judicial definitiva al respecto.
Si esto se convierte en jurisprudencia, el derecho a informar y a estar informados quedaría severamente lesionado y condicionado. El Artículo 58 de la Carta Magna de la cual soy firmante, que garantiza que todos tenemos derecho a la información veraz, oportuna , imparcial y sin censura, no es otra cosa que un antídoto frente a cualquier injusticia o hecho doloso en el manejo de los dineros públicos. No se puede, mediante ningún subterfugio Jurídico, vulnerar el rol del periodismo y reducirlo a la simple condición de repetidor insípido de sentencias judiciales.
No compartimos la denuncia ligera e irresponsable, carente de sustento o que tenga por objeto causar daño deliberadamente a personas honorables, pero es obvio que en materia de lucha contra la corrupción los medios de comunicación social tienen un rol fundamental que no puede ser desconocido ni limitado. En una democracia la institución de la denuncia es indispensable. La impunidad ya tiene suficiente espacio en nuestra sociedad como para que siga ganando terreno con decisiones que le hacen daño a la posibilidad de que los ciudadanos vean a los entes administradores de justicia con confianza.
Precisamente, gracias a los medios de comunicación y a los periodistas, la sociedad se ha puesto al tanto de hechos de corrupción que de otra manera habrían quedado en la oscurana. Una denuncia tiene fuerza por dos elementos : primero, las pruebas que la sustenten, y luego su divulgación. Por eso, restringir el derecho y el deber de hacer públicos hechos dolosos en el manejo de los fondos de todos los venezolanos le hace un tremendo favor a la impunidad.
Los medios de comunicación son aliados esenciales de la Contraloría social, un concepto que se ha puesto en boga durante los últimos años y que es imposible hacerlo realidad en medio de un clima de silencio y censura. Todo lo contrario, sin libertad de expresión y sin información oportuna y veraz la labor de controlar la gestión pública y de velar por la sanidad administrativa se convierte en una quimera.
Globovision