De acuerdo a denuncias formuladas el fin de semana por el diputado Américo de Grazia de la Causa R, se produjo Mina Atenas entre los municipios Roscio y Sifontes del estado Bolívar, una presunta masacre en la cual habrían sido asesinadas 28 personas, que a la fecha se encuentran desaparecidas. El Ministerio Público ordenó una investigación para determinar la verdad sobre lo ocurrido. La población de Tumeremo como es natural está conmocionada por la denuncia. De hecho se han realizado protestas y los manifestantes ordenaron cerrar la troncal diez con miras a exigir que las autoridades den respuesta a la angustia de los familiares de los desaparecidos.
Preocupa las contradicciones que el fin de semana se observaron entre lo que denuncia el diputado De Grazia y la declaración del gobernador del Estado, Francisco Rangel Gómez, quien acaba de hablar por cierto y ya incluso abre la puerta para dejar como una posibilidad que efectivamente haya personas como desaparecidas o asesinadas. El primero se hace eco de la denuncia de los familiares y el segundo lo desmiente categóricamente, cosa que quizás pueda cambiar con el curso de los acontecimientos y atribuye a una maniobra política del diputado y del alcalde Carlos Chancellor.
Aquí lo que corresponde sin duda alguna es que se realice una investigación especial, como la que viene adelantando el Ministerio Público, con plena transparencia, sin prejuicios de ninguna naturaleza y con garantías para los sobrevivientes, para las personas que van a ir a presentar elementos, familiares de las víctimas, para que no vayan a sufrir represalias, porque hay nombres y apellidos de las presuntas víctimas y familiares que están denunciando a funcionarios de seguridad que presuntamente están involucradas en este hecho.
La Defensoría del Pueblo también tiene que involucrarse porque se habla de complicidad de funcionarios de organismos de seguridad con lo ocurrido, así lo hemos escuchado el día de hoy, por familiares que han venido denunciando.
Más allá de la veracidad o no de la denuncia preocupa que también las zonas mineras del país estén a merced de bandas criminales, paramilitares o de otra naturaleza que imponen su ley a sangre y fuego . Se dice que les víctimas habrían sido descuartizadas y luego enterradas en la mina, eso tiene que investigarse a fondo, no puedo confirmarlo ni negarlo. No tengo elementos para ello.
Pero la sola denuncia es sumamente grave. En México todavía persiste la indignacion y el reclamo por 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. No permitamos una cosa como esa en nuestro país. El Estado tiene que llegar al fondo de este asunto y no seguir permitiendo que ningún grupo armado, de la naturaleza que sea, continúe controlando zonas en Bolívar o en cualquier parte del país. Hay que rescatar el principio de autoridad y desterrar la impunidad.
Fuente: Globovision
