Empresas estatales de Cuba no sólo participan en la elaboración de la nueva cédula venezolana: también han sido contratadas en Argentina y Bolivia para diseñar sistemas electrónicos de identificación.
Los críticos temen que sea la plataforma perfecta para la expansión de los servicios de inteligencia de la isla y hasta el fundador de Wikileaks ha formulado sus objeciones. Funcionarios antillanos manejan datos de identidad de millones de ciudadanos de la región
Un contrato con Venezuela fue el trampolín que utilizó Cuba para comenzar a vender servicios de identificación a gobiernos latinoamericanos afines con el proyecto político del fallecido presidente Hugo Chávez.
El acuerdo comercial de 172 millones de dólares, suscrito en 2007 para la provisión de la cédula electrónica venezolana, le abrió las puertas a empresas estatales de la isla para participar como intermediarios y proveedores en el mercado de documentos de identidad con chips, el cual está dominado por un selecto grupo de países en cuya cima se encuentran Alemania, Países Bajos, Francia, Finlandia, China y Estados Unidos.
La negociación entre Caracas y La Habana –que se hizo sin discusión pública– no sólo puso en manos extranjeras los datos de los venezolanos.
También constituyó la oportunidad ideal para Cuba de ampliar sus horizontes estratégicos. El acuerdo –cuyos detalles fueron revelados por El Nacional el de 17 de julio de 2011– fue firmado por el Ministerio del Interior con la compañía cubana Albet Ingeniería y Sistemas, la cual a su vez subcontrató a la multinacional holandesa Gemalto para desarrollar el proyecto de la cédula electrónica venezolana. El documento incorporó la figura de la “autoría moral” para garantizar a los antillanos la propiedad de los programas que fueron desarrollados entonces y que ahora forman parte del portafolio comercial que los cubanos ofrecen en el continente.
Por medio de decretos presidenciales, Argentina y Bolivia también pusieron en manos de Cuba el diseño y manejo de nuevos sistemas de identificación electrónica. Funcionarios de la isla ahora están involucrados con servicios gubernamentales que contienen datos sensibles de más de 80 millones de ciudadanos en Latinoamérica.
Los diplomáticos cubanos se han preciado de la utilidad de los productos para sus socios en la región. “Hemos desarrollado una tecnología que nos ha permitido afrontar con éxito la seguridad de un país asediado”, dijo Rolando Gómez, embajador de Cuba en Bolivia, cuando fueron presentados en La Paz los sistemas de emisión de pasaportes con chips en 2012. En ese acto dijo que así lograron controlar la subversión: “Ha sido neutralizada a partir de nuestros propios sistemas de seguridad, mediante el control de entrada y salidas al territorio para ejercer plena soberanía”.
El plan ha avanzado progresivamente
En 2005, Cuba comenzó a crear una red de compañías públicas de exportación de productos informáticos. Unas dependen del Ministerio de Informática y Comunicaciones, que primero estuvo bajo la égida del general Ramiro Valdés –considerado el artífice de los sistemas de inteligencia política cubanos– y ahora de Medardo Díaz. Otras compañías están adscritas al Ministerio de Interior, encabezado por el general Abelardo Colomé Ibarra, al cual le reporta la Dirección General de Inteligencia, mejor conocida como el G2, servicio que es considerado por expertos como uno de los cinco mejor entrenados del mundo.
Hay quienes dudan de que los antillanos se limiten a ofrecer a los gobiernos herramientas para la preservación del orden y la seguridad ciudadana.
“Estas compañías forman parte de una estrategia cubana para extender sus redes de inteligencia en la región. Son en realidad una fachada del G2 que les permite tener control de los sistemas de emisión de documentos de identidad con lo cual pueden otorgárselos a cualquiera”, señala Anthony Daquin, ex asesor del Ministerio del Interior de Venezuela y quien tuvo participación en los procesos de selección de los proveedores para la cédula y pasaporte electrónicos.
El ingeniero ahora se encuentra en Estados Unidos en busca de asilo después de que –asegura– fue víctima de una persecución policial en Caracas por sus críticas al tutelaje cubano.
Sus afirmaciones han sido desmentidas por voceros oficiales venezolanos, que han dicho que los cubanos no manipulan los datos de la ciudadanía y solo han ayudado a actualizar los servicios de identificación nacionales.
Las empresas estatales cubanas tienen distintas denominaciones. En Caracas funciona Albet Ingeniería y Sistemas, que vende los programas producidos en la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana.
Fue esa la compañía encargada del proyecto de cedulación venezolano. Otra firma, sin embargo, constituye el rostro más internacional: es Datys. Produce software para fines múltiples, desde identificación de huellas digitales y rostros hasta escuchas telefónicas y monitoreo de redes sociales, entre otros.
Esta empresa contribuyó con el diseño del sistema de seguridad basado en el reconocimiento de trazas dactilares que se comenzó a emplear en Argentina desde 2012. En Bolivia, Datys puso en marcha la elaboración de los pasaportes electrónicos junto con otra empresa isleña, Impresos de Seguridad.
La irrupción de Cuba en el mercado de identificación llegó en un momento crucial: la Organización de Estados Americanos estableció 2015 como el plazo para que países de la región modernicen sus registros civiles y sistemas de emisión de documentos, como medida para masificar el derecho a la identidad. Además, la Organización para la Aviación Civil Internacional endureció sus normas de seguridad y estableció que a partir de 2010 los Estados debían emitir únicamente pasaportes electrónicos con datos biométricos (como el rostro o la huella).
Gran Hermano
Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de Argentina, celebró la cooperación cubana en el desarrollo del Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (Sibios), un proyecto que pretende recabar los datos filiatorios, rasgos físicos distintivos y huellas digitales de los 40 millones de argentinos. “Queremos agradecer especialmente a la República de Cuba la colaboración para desarrollar este sistema, este software de muy bajo costo, que va a permitir, en tiempo real, conocer y saber quién es la persona que está ante un personal de seguridad o en cualquier otro lado”, dijo en un acto en la Casa Rosada, el 7 de noviembre de 2011.
Fernández creó Sibios por medio del decreto 1766/2011 como apoyo para la investigación de delitos y en funciones preventivas de seguridad. Los datos biométricos de la población serán incorporados en un chip en el pasaporte y podrán ser utilizados y cruzados por la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Registro Nacional de las Personas y la Dirección Nacional de Migraciones.
Ha habido detractores destacados del sistema. “Argentina tiene el régimen de vigilancia más agresivo de todos los Estados latinoamericanos de tamaño mediano”, alertó Julian Assange, fundador de Wikileaks, al portal de noticias argentino Infobae a principios de julio. El hombre que encabezó la mayor filtración de secretos militares y diplomáticos de Estados Unidos critica los servicios biométricos de identidad por el temor de que la información de los ciudadanos pueda ser vulnerada.
Assange, desde luego, no ha sido el único crítico: en Argentina se han elevado voces de protesta. “Sibios no solo amenaza la privacidad de los ciudadanos y el derecho a la protección de sus datos personales, sino que también involucra una seria amenaza a los derechos civiles y políticos”, expresó Beatriz Busaniche, directora de la Fundación Vía Libre que ha señalado que el gobierno de su país ha puesto en marcha operaciones de vigilancia masiva en nombre de la seguridad pública.
Un argumento semejante al expresado por Edward Snowden, ex contratista de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, quien acusó a su país de ejercer un inmenso poder a través de programas para espiar en Internet. Venezuela le ofreció asilo político.
El nuevo sistema, por haber sido aprobado vía decreto, no fue discutido por el Congreso de ese país. Voceros gubernamentales han justificado la colaboración de la isla. “En la región latinoamericana, Cuba es el único país que aplica la identificación biométrica de los ciudadanos”, dijeron fuentes del Ministerio de Interior al diario oficialista Página 12, que reseñó la alocución de la presidenta.
Pero la modernización de los documentos de identidad en la isla es aún un proyecto –muy parecido al venezolano– y se espera que comience el segundo semestre de este año. Por ahora, en ese país se usan carnets de identidad de cartón, con los nombres escritos a mano.
El Ministerio de Interior y el de Seguridad son los encargados de manejar el Sibios, pero ambos declinaron comentar el proyecto ante solicitudes presentadas para este trabajo. Los pocos detalles conocidos los dejó colar la presidenta Fernández en su discurso: el sistema combinará la información de la huella dactilar con la imagen del rostro del ciudadano.
Para finales de 2011, Argentina había recopilado los registros biométricos de ocho millones de personas y la toma de estos datos se hizo obligatoria para tramitar un nuevo documento de identidad o un pasaporte electrónico y se impuso la obligación de tomar las huellas de pies y manos a los recién nacidos.
“Datys colabora en la República Argentina” es el titular de una información que aparece en la página web de la compañía. Incluso los captahuellas instalados en el aeropuerto de Buenos Aires para agilizar las filas en migración y el sellado de pasaportes también fueron adquiridos con asesoría cubana. Ahora forman parte de la bienvenida de ese país al mundo.
Escala boliviana
Los técnicos cubanos de la isla recalaron en Bolivia en 2009, año en el que ese país estrenó un censo electoral con datos biométricos, que incluía las huellas y señas físicas de los ciudadanos.
El 8 de abril de ese año, el presidente Evo Morales emitió el Decreto Supremo 068, que autorizó la contratación directa –por un monto de 1,47 millones de dólares– de las empresas cubanas Datys y Acited-Impresos de Seguridad para proveer los equipos y programas informáticos que expiden los pasaportes de lectura mecánica y para suministrar al Estado 350.000 libretas para el documento corriente, el oficial y el diplomático.
Más adelante, en 2010 y 2011, otros decretos de Morales pusieron en manos de Datys la instalación de equipos para la captura de registros biométricos y la base de datos en 9 sedes departamentales y en 16 oficinas consulares bolivianas en países como España, Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, Italia, Francia, Inglaterra y Japón.
“Los técnicos me explican que a partir de ahora las personas que entren al país estarán registrados y serán controlados todos sus movimientos en Bolivia”, explicó complacido Morales cuando presentó el sistema cubano en el Palacio de Gobierno, el 23 de octubre del año pasado.
El sistema Emipas.bo, con el que operan los pasaportes de Bolivia, es descrito en la página web de la compañía Datys. Permite la personalización del documento electrónico y la inclusión de datos biométricos y alfanuméricos; además promete la garantía de unicidad de las personas que aparecen en la base de datos. Emplean también Frontpas, una aplicación para el control y vigilancia en los pasos fronterizos que incluye cámaras de video.
La negociación con Cuba no ha estado exenta de críticas. “Hemos planteado en el Parlamento observaciones con respecto a la participación de ese país en áreas de seguridad e identificación, pero el gobierno no responde y descalifica a los denunciantes”, dice Adrián Oliva, jefe de la fracción del partido Convergencia Nacional.
“Los sistemas migratorios, el padrón electoral y la carnetización (cédula de identidad) están conectados. En este último, que también tiene asesoría cubana, hemos observado muchas irregularidades como la existencia de personas con más de una identidad”. Los señalamientos, sin embargo, formaron parte de un debate que pareció diluirse y no se tradujo en acciones concretas ante instancias parlamentarias o judiciales.
En octubre de 2012, el Ministerio de Gobierno de Bolivia firmó un nuevo contrato con Datys –esta vez por casi 700.000 dólares– para la provisión de software, licencias y hardware especializado para el Sistema Migratorio Nacional, un proyecto se desplegaría en tres aeropuertos y 15 puntos fronterizos. El documento indica que además de la verificación de la identidad de las personas y la autenticidad de los documentos de viaje, Datys tiene entre sus objetivos corroborar que el pasajero tiene el tipo de visa apropiada para el motivo de viaje declarado.
El contrato incluye una advertencia que no pasa desapercibida: se indica que los sistemas también tienen la misión de ayudar a detectar quiénes provienen de “países de riesgo en determinadas actividades”; así como comprobar los impedimentos para entrada y salida de nacionales y extranjeros por “listas negras de instituciones bolivianas u organismos internacionales”.
Ni el Ministerio ni la Dirección General de Migración de Bolivia respondieron las solicitudes de entrevistas para aclarar hasta qué punto tienen acceso los cubanos a las bases de datos nacionales. Más allá del silencio, los chips cubanos alcanzan nuevas latitudes en el continente.
Fuente: Siete días / El Nacional
