Como es costumbre en este gobierno, cada vez que puede mentir sobre los hechos históricos ocurridos en Venezuela en las últimas décadas no desperdicia la ocasión. Uno de aquellos es, por supuesto, el Caracazo. Pero si sobre algo no se puede mentir es precisamente acerca de este suceso que tanto dolor y destrucción dejó no solo en Caracas, sino en sus alrededores.
Los aventureros civiles y militares que hoy están en el poder se empeñan como aves de carroña en hacer demagogia y engañar a los venezolanos sobre una tragedia de la que fueron parte directa o indirectamente, sobre todo los oficiales (que en aquella época eran cadetes o tenientes y subtenientes) a los cuales les tocó actuar como parte del Plan Ávila, el mismo que Hugo Chávez ordenó activar contra las manifestaciones pacíficas que ocurrían en Caracas en los momentos previos a la insubordinación de un sector de las Fuerzas Armadas, precisamente por negarse a disparar contra un pueblo desarmado.
Lo que no se puede ocultar es que el Caracazo fue uno de los sucesos más documentados en “tiempo real”, pues los canales de televisión y las radioemisoras recorrían las calles recogiendo testimonios in situ y en “vivo y directo”. La prensa escrita reunió un vasto panorama gráfico sobre lo que ocurría y los reporteros salieron a la calle para luego regresar a sus redacciones y allí escribir sin censura sobre lo que habían visto.
Quienes hoy desde el poder intentan calificar esos sucesos de actos crueles e infames en los cuales no tuvieron responsabilidad alguna no solo se burlan de los familiares de las víctimas, sino de las organizaciones no gubernamentales que, como es el caso de Cofavic, trabajaron pacientemente para esclarecer los hechos, para documentarlos debidamente y luego llevarlos ante la justicia internacional.
Ciertos jefes militares rojitos pretenden esconder la responsabilidad de las Fuerzas Armadas como institución en esta masacre. Hasta ahora, que se sepa, las FAN no han hecho públicos los documentos que seguramente reposan en su poder y que ayudarían a los venezolanos a entender la verdadera raíz de lo ocurrido.
Prefieren mantener en reserva testimonios claves que deberían ser de dominio público. Y que no inventen entregar documentos a la buena de Dios, sino dentro de un plan que incluya una comisión mixta que sea nombrada de común acuerdo para, de manera profesional e imparcial, revisarlos con la prudencia y el tiempo necesario.
Se dirá que todo eso se ha hecho y cumplido en diferentes instancias, pero ello constituye una despreciable mentira que ofende, en primer lugar, la memoria de las víctimas y también la propia honorabilidad de la institución castrense. Existe una urgente necesidad de cerrar ese indignante capítulo de nuestra historia y eso solo ocurrirá cuando se despejen todas las incógnitas y triunfe la transparencia.
Además, lo más grotesco de todo es que hasta hoy, que se sepa, nadie en nombre de la FAN ha pedido perdón públicamente por esos asesinatos. Y esa es una obligación pendiente.
Editorial de El Nacional
