El IEPFT, en otro esfuerzo por generar debate y soluciones, presentó el Foro El Arco Minero: Medio Ambiente y Población Indígena, en el cual tres especialistas expusieron visiones descarnadas sobre los daños y amenazas que encierra este proyecto de “desarrollo”, en el sur del país, desde hace más de siete años.
El afán por el extractivismo que se explota en el Arco Minero ha puesto al descubierto no solo la incapacidad del Estado en ejercer control territorial ante grupos irregulares, sino que también está ocasionando pérdidas sensibles. En el estado Bolívar ha generado una tasa de vulnerabilidad general de 60%, al empeorar las condiciones de vida de sus habitantes; el oro no ha reportado ni el 1% del PIB al tesoro nacional, y la violencia sin máscaras se profundiza al mismo ritmo que la impunidad. Inclusive en la población infantil y adolescente.
El diagnóstico fue ofrecido en el Foro El Arco Minero: Medio Ambiente y Población Indígena, que organizó el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro (IEPFT), en alianza con la UCAB, como una nueva iniciativa para debatir y buscar soluciones a los problemas del país, señaló su presidente, Ramón Guillermo Aveledo, quien hizo la presentación.
Consideró el Arco Minero un asunto de importancia nacional, “con implicaciones humanas, y también ambientales, de vigencia efectiva del estado de derecho y de seguridad nacional”. “Hay que ponerlo de relieve”, dijo en referencia al tema del foro, escogido a través del grupo de trabajo de Pueblos Indígenas del IEPFT.
Participaron Aiskel Andrade, directora del Centro de Estudios Regionales de la UCAB Guayana; Américo De Grazia, ex candidato a la gobernación del estado Bolívar; y Willian Flores, sociólogo y activista por los derechos humanos del minero.
El politólogo Tulio Gudiño, abogado y activista de los derechos indígenas, moderó y comentó las intervenciones descarnadas sobre la realidad que viven los habitantes de los municipios mineros de Bolívar, que concentra 17 pueblos indígenas, y que impacta también a los estados Amazonas y Delta Amacuro, y en consecuencia, a todo el país.
La Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), la creó el gobierno de Nicolás Maduro, el 24 de febrero de 2016, mediante decreto presidencial 2248 publicado en Gaceta Oficial No. 40.855.
Más pobreza y vulnerabilidad
Andrade, quien impulsa el Observatorio de la Región Guayana que estudia la compleja realidad de Amazonas, centró su exposición en la situación de los pobladores de los municipios mineros de Bolívar, pero también de la región amazónica por sus implicaciones geoestratégicas en el planeta.
Partió del concepto de Desarrollo Sostenible, importante para evaluar la política minera del gobierno, que en cualquier parte del mundo implica considerar el bienestar social, que contempla condiciones de vida y de trabajo decente, entre otras; el modelo económico que lo procure y la protección del ambiente.
Sin embargo, el Arco Minero promocionado como política minera del Estado que garantizaría la vida buena de la población y mejores condiciones de ordenamiento territorial, no tiene el enfoque de bienestar humano, enfatizó la investigadora.
Un estudio sobre la política minera en Bolívar, realizado por el Centro Regional Guayana UCAB, señala la existencia de una compleja situación de poblamiento, asociada con la actividad minera. Por una parte, altas concentraciones de población en zonas de extracción, y el incremento pendular de personas provenientes de otras regiones del país, junto con comunidades indígenas que conviven allí y requieren protección.
En ellos predomina la pobreza multidimensional, es decir, todas las condiciones de bienestar, estableció una investigación de Encovi, el Observatorio Venezolano de Violencia y el Centro Regional Guayana, en 2021, hecha en los municipios Piar, Sifontes, Gran Sabana y Cedeño, refirió. Frente a esto, más de la mitad de la población valoró el hecho de vivir allí, aún con índices altos de violencia, particularmente en Piar que se perfiló el municipio más violento del estado. Según el OVV, Bolívar es el tercer estado más violento con una tasa de 56,8% de muertes violentas por cada 100 mil habitantes.
También se determinó que los problemas más preocupantes en las familias son drogas, alcoholismo y prostitución, en Sifontes. Y en el resto, la capacidad adquisitiva, ingresos, alto costo de la comida e inseguridad. En Cedeño, los grupos familiares citaron la falta de posibilidades de progreso.
“Con estos datos hemos demostrado que la actividad minera no ha traído bienestar al estado Bolívar, lo que prevalece es la pobreza”, dijo Andrade que adicionó el miedo, como elemento fundamental.
Aunado a la falta de condiciones de vida en los municipios mineros, mencionó los problemas del extractivismo en contextos de fragilidad institucional. La desterritorialización con la falta de garantías y servicios de justicia; la corrupción y el control territorial del crimen organizado.
La tasa de vulnerabilidad general es de 60% y en los municipios del sur del estado supera 80%, indicó con base en datos de Anova Policy Research.
“Después de seis años del decreto del AMO y cuarto del Plan Sectorial Minero, el modelo de explotación minera que se diseñó y se impulsó desde el gobierno nacional, siguen empeorando las condiciones de bienestar de los grupos que habitan en el área geográfica alrededor de la actividad minera”.
“Holocausto ecológico” y más
De Grazia, vinculado a la realidad del sur del país, expuso los orígenes del Arco Minero y las opciones para institucionalizar el estado Bolívar.
Explicó, con un recorrido histórico, cómo diversos planes degeneraron en el Arco Minero, que cambió progresivamente la vocación de la región productiva, y fue “orquestada por el gobierno”. Aunque Guayana siempre ha tenido actividad minera, advirtió
De la llamada Misión Piar, creada por Hugo Chávez, “que desarticuló la poca institucionalidad, se llegó a la Reconversión Minera, en 2006, marcada por la masacre del Alto Paragua, en el municipio Angostura, ocurrida el 26 de septiembre de 2006. Murieron ocho personas, en manos de efectivos de la FAN.
“Fue un punto de inflexión, porque frente al rol que cumplía la FAN en esas zonas mineras, inocularon a jefes del pranato y la delincuencia organizada, instrumentado por el Estado venezolano, a través de la CVG que presidía el general Francisco Rangel Gómez”, dijo De Grazia.
Luego apareció el Plan Caura, en 2007, cuyo propósito, dijo, fue militarizar las zonas mineras. Los pranes ocuparon el segundo lugar en el mando. Y en 2011, Chávez nacionalizó la industria del oro. “Fue una cínica intervención, porque la única empresa del Estado curiosamente pasó a ser manejada por Minturvern (Minería Turca Venezolana), cuyo propietario Alex Saab, hoy está preso en Estados Unidos”.
El Arco Minero del Orinoco (AMO) en 2016 genera pérdidas desde entonces, según De Grazia. “Ha venido causando consecuencias de Holocausto ecológico, acabó con las concesiones mineras y tener lo que llaman CVG Venezolana de Minería, dirigida por el general Carlos Osorio.
Una de las consecuencias fue la ocupación territorial. Se le asignaron 111.843.73 km3, extensión equivalente del estada Bolívar y similar a la de Cuba, Panamá o Bélgica, puntualizó.
“El estado Bolívar se minó de tal manera que pasó de esa extensión que es el 12% del territorio nacional a prácticamente 50% del territorio nacional. Hoy la actividad minera se está desarrollando de manera inconstitucional, ilícita y salvaje en los tres estados del sur del Orinoco que suman 460.618 Km3 y es un espacio cinco veces más grande que Portugal”.
El daño que el Arco Minero está causando al sur del Orinoco, tiene incidencia en toda Venezuela.
Con la ocupación del territorio por Cuba, China, Rusia, Turquía e Irán, y también por organizaciones criminales, el ELN y FARC , se está destruyendo buena parte de los parques nacionales, como Canaima, y el hábitat de los pueblos indígenas. Pero además se está cometiendo un “hidrocidio” y acabando con la generación de hidroelectricidad, aseguró De Grazia.
“Están acabando con la cuenca hidrográfica más importante del país que concentra 80% de la riqueza de nuestras aguas y que compone los ríos Orinoco, Caroní y Caura, los tres más grandes del país . Y además, estamos perdiendo la capacidad eléctrica de toda Venezuela en función del oro”.
Señaló además que los pueblos indígenas “están siendo diezmados” y “el gobierno los obliga a estimular el trabajo de minería, a cambio de la gasolina que necesitan para sus actividades fluviales”.
El “holocausto” llegaría también a las finanzas del país, según el dirigente político. “Por oro no se reporta al BCV ni siquiera el 1% del PIB; por diamante no ingresa al patrimonio nacional ni un solo centavo de dólar; y por coltán que comenzó a explotar regularmente en 2017, tampoco. No hay en consecuencia ganancia para el país, no significa que no ingresen dólares, sino que se beneficia una élite”.
“No es suficiente que presentemos el problema sino que comencemos a asomar algunas opciones. Estamos propiciando desde Guayana un cambio de modelo preservando la democracia para confrontar el autoritarismo, el extractivismo, el militarismo, y la ecología”, destacó.
“Un horror grandísimo”
Flores, quien dijo haber trabajado cuatro años en las minas y haber huido por amenazas, relató la dramática situación de la violencia. “Llegué allí porque me estaba muriendo de hambre y me habían vendido una imagen distinta. Son un horror grandísimo”.
Denunció que todo el que llega a la zona tiene que someterse a las bandas criminales. “Muchos de quienes las integran han salido de las cárceles como muertos y aparecen revividos allí… La FAN es una figura decorativa y la ley no existe”.
Flores dijo que llegó a la mina El Mosquero, donde constató la existencia de un prostíbulo llamado La Casa de Muñecas, donde niñas y adolescentes se prostituyen, sin que cuenten con la protección debida por parte del Estado.
“Niñas de 11 años y 12 años de edad que se prostituían comenzaron a jugar un día con muchachitos de la zona. La última vez se las llevaron los pranes y nunca más se supo de ellas”.
Expresó que existe una “ola de homicidios, de criminalidad terrible”. “Muchas de las personas que van a las minas no vuelven jamás. En La Pica hay osamentas de seres humanos. En los huecos donde cae todo el barro, después de procesar los minerales, se consiguen cadáveres y ni la GN hace caso” . Y agregó: ”Allí se vive un estado tan horrendo que las personas que son asesinadas son echadas a los marranos”.
Refirió que el paludismo o malaria constituye otro peligro en la zona. “Pasé más de 33 veces esa enfermedad y perdí a mi niña de 17 años de edad hace dos años, por la malaria cerebral”, relató.
Abogó por la cantidad de venezolanos y sus familias que aún están allí y de los que llegan buscando oportunidades doradas que no consiguen en el resto del país. “Es una sentencia a muerte”.
