Los operativos desplegados desde septiembre en cinco cárceles de Venezuela, como parte de un plan gubernamental para desmantelar estructuras criminales que operan en estos centros, han estado marcados, según expertos, por irregularidades, fallas y una falta de información que ponen en duda el «éxito» asegurado por las autoridades.
La prisión de Vista Hermosa, intervenida esta semana, es la quinta tomada en menos de dos meses, luego de Tocorón -cuna de la organización criminal transnacional Tren de Aragua-, Tocuyito, Puente Ayala y La Pica, para el «reimpulso del sistema penitenciario» y la recuperación del «control total» de estos centros, según el Gobierno, que no explica cuándo se perdió ni por qué.
El director general de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, considera «necesario que el Gobierno retome la autoridad en las cárceles», que «había entregado» a criminales, quienes desarrollaron sus estructuras «bajo la mirada cómplice del Estado».
Sin embargo, los balances oficiales han sido, según dijo Prado a EFE, incompletos, y durante los operativos se han registrado fallas e irregularidades relacionadas con traslados, fugas y muertes.
Además, cuestionó que la operación tuviera un enfoque «militar» y «policial», en lugar de «social y penitenciario», con un despliegue de funcionarios que consideró poco creíble, como en el caso de los «más de 11.000» que, según el Gobierno, intervinieron Tocorón, una cantidad que «no cabe» en este recinto.
Silencio
El experto insistió en que hay un «total» silencio sobre la «situación de personas que han muerto», que fueron, según el OVP, cinco reclusos los fallecidos durante el operativo en Tocuyito.
Señaló que uno, de 27 años, falleció al no recibir atención médica por un ataque de epilepsia que sufrió en medio de la intervención, que los funcionarios iniciaron «tirando bombas lacrimógenas».
«De esto no se habla, y a nosotros nos preocupa», dijo Prado, quien aseguró que «tampoco ha habido información» suficiente sobre el traslado de los reos a otros centros, lo que genera zozobra en familiares, quienes, durante las intervenciones, se han plantado en los alrededores de los recintos a exigir detalles del destino de sus parientes.
Por otra parte, el desalojo, según el director del OVP, empeorará la situación de hacinamiento, que prevé se duplique, un problema que -considera- podría evitarse con la reapertura de centros cerrados.
Según un estudio de la ONG, en 2022 se registró un hacinamiento del 64,19 % en las cárceles, con 33.558 reclusos para una «capacidad real instalada» de 20.438 plazas.
El coordinador general de Una Ventana a la Libertad (UVL), Carlos Nieto Palma, para quien estos operativos «sorpresa» demuestran el «caos que existe en el sistema penitenciario», también alerta del aumento del «hacinamiento ya existente en los demás recintos».
UVL ha denunciado la opacidad sobre los traslados de presos, cuyos familiares han expresado su preocupación por las complicaciones para movilizarse, no solo por problemas en el sistema de transporte, sino por los costos.
La operación también contempla la búsqueda de fugados, aunque el OVP cree que autoridades negociaron con criminales que tenían poder en cárceles sus salidas previas a los operativos, y menciona el caso de Héctor Guerrero, alias «Niño Guerrero», líder del Tren de Aragua. El Ejecutivo niega que hubiera «negociación alguna».
Un «secreto a voces»
En 2017, el Gobierno aseguró que en el 98 % de las cárceles no existían drogas, armas, mafias ni violencia.
No obstante, en el desarrollo de esta operación, se ha encontrado armamento de guerra, como armas largas, granadas, explosivos, lanzacohetes y municiones diversas, además de miles de cartuchos de «diferentes calibres», celulares y «sustancias estupefacientes y psicotrópicas», según el balance oficial.
Nicolás Maduro dijo, el 30 de octubre, que si se suman «todas las armas largas» encontradas (en las primeras cuatro intervenciones) «superan las 600».
Durante la operación, se han desmantelado centros de conspiración y extorsión, mecanismos de esclavitud y estructuras criminales.
Para Prado, «no sorprenden nada» estos hallazgos, ya que era «un secreto a voces», sobre todo la de Tocorón, con piscina, parques infantiles, restaurantes, tiendas y edificaciones con aire acondicionado y televisión satelital, según constató EFE, durante un recorrido parcial por el centro.
Ahora, las autoridades insisten en que «jamás volverán a hacerse presentes las estructuras criminales en Venezuela» ni en sus cárceles, que -sostiene- van hacia un «proceso de renovación».
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