El Departamento de Estado de EE.UU. aclaró a través de un comunicado, que de ser firmadas las sanciones recién aprobadas por el Congreso, éstas se aplicarían a funcionarios venezolanos que tuvieron un rol en la represión de las manifestaciones políticas que ocurrieron en el país a principios de este año y no contra el pueblo venezolano.
“De ser firmada la ley como está redactada actualmente, incluiría el bloqueo de activos en los Estados Unidos de individuos que han perpetrado o son responsables de ordenar o dirigir significativa violencia o graves abusos contra los derechos humanos de las personas relacionadas con las protestas antigubernamentales que comenzaron en febrero 2014. Estas medidas se centrarían en las personas, no al pueblo venezolano”, señaló el Departamento de Estado en el documento.
“La Administración comparte la preocupación del Congreso, y las de otros actores regionales e internacionales, sobre la situación en Venezuela. Nosotros no tenemos, y no permaneceremos en silencio frente a las acciones del gobierno venezolano que violan los derechos humanos, las libertades fundamentales y las normas democráticas”, agregó el Departamento de Estado.
“Continuamos trabajando estrechamente con el Congreso y otros [actores] de la región en este tema para apoyar un mayor espacio político en Venezuela, y asegurar que el gobierno hace honor al compromiso compartido del hemisferio con la democracia, como lo establece la Carta Democrática Interamericana y otros instrumentos fundamentales relacionados con la democracia y los derechos humanos”, concluyó la declaración.
VOA
