«Como demuestran estas medidas, Estados Unidos está comprometido a promover una amplia rendición de cuentas a cualquier persona responsable o beneficiada por los ataques del régimen de Ortega-Murillo a las instituciones democráticas», dijo el Departamento de Estado en un comunicado.
El proceso para las elecciones del 7 de noviembre, en las que Ortega y Murillo buscarán la reelección, se desarrolla en medio de una serie de detenciones de opositores, con 32 disidentes arrestados desde junio, entre ellos siete aspirantes presidenciales.
El miércoles, la candidata a la vicepresidencia del principal bloque opositor, la exreina de belleza Berenice Quezada, fue inhibida de participar en los comicios acusada de «conspiración para cometer actos terroristas»:
«Responsables o cómplices de socavar la democracia»
«Ortega y Murillo demostraron una vez más que tienen miedo de competir contra cualquiera que sientan que pueda ganarse el apoyo del pueblo nicaragüense», dijo el portavoz de la diplomacia estadounidense, Ned Price, elogiando la «valentía» de Quezada por postularse «a pesar de la creciente represión».
Estados Unidos ya vetó el 12 de julio el ingreso al país de un centenar de legisladores, jueces y fiscales nicaragüenses y sus parientes directos, bajo su política de denegación de visado a «responsables o cómplices de socavar la democracia».
«Hoy anunciamos restricciones de visa contra 50 personas más, todos familiares inmediatos de funcionarios afiliados al régimen que han contribuido directamente a las medidas adoptadas por el gobierno de Nicaragua que no cumplen con las condiciones para unas elecciones transparentes, libres y justas», dijo Price.
Ortega fue postulado el lunes por su partido para correr por una tercera reelección sucesiva en un proceso electoral severamente cuestionado dentro y fuera del país.
