Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, vicepresidenta y verdadero poder detrás del poder, han llevado a cabo una nueva arbitrariedad contra la democracia en su país. En su angustia de perder el poder en un remedo de elecciones, convocadas para noviembre, han decidido inhabilitar a Cristiana Chamorro, precandidata independiente con muy altas posibilidades de ganar los comicios. Como sucede con este tipo de regímenes, Ortega y Murillo montaron un proceso contra Chamorro y una veintena de personas, en su mayoría periodistas opositores, por supuesto lavado de activos. El hecho ha generado rechazo nacional e internacional contra una dictadura que busca perpetuarse en el poder con un aparente ropaje democrático.
La acusación formulada contra Cristiana Chamorro no tiene ningún sustento legal. Se le acusa de los supuestos delitos de “gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos” mientras era la presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. De acuerdo con los cargos, la Fiscalía encontró irregularidades en los estados financieros de la Fundación entre 2015 y 2019. El Ministerio Público interpuso una acción judicial en contra de la precandidata, que le prohíbe “optar a cualquier cargo público por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos” por enfrentar un proceso penal. El abogado José Pallais dijo que la medida “es contraria a todo lo dispuesto en la Constitución, al condenar a una persona a una pena sin proceso, sin haberla escuchado, sin derecho a la defensa, sin sentencia, y al convertir al Ministerio Público en un juez que sanciona de antemano”.
Ante la evidencia de que Cristiana Chamorro se ha convertido en la candidata más viable para sacar del poder a Ortega y Murillo, su reacción no podía ser distinta. La familia de la precandidata ha estado vinculada con la causa de la democracia en el país. Es la hija de Pedro Joaquín Chamorro, director del periódico La Prensa, asesinado por la dictadura de Anastasio Somoza, lo que se convirtió en detonante de la insurrección popular que llevó al poder a los sandinistas, con Daniel Ortega a la cabeza, en 1979. En 1990 sería doña Violeta Barrios, su mamá, quien derrotaría a Ortega en las elecciones de 1990. Su hermano, Carlos Fernando Chamorro, rompió con el sandinismo y se ha convertido en el periodista de la oposición más serio y perseguido por Ortega. De allí que las encuestas le dieran un 21 %, recién inscrita para las internas del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).
La estrategia de la inhabilitación ya ha sido aplicada antes. Se convoca a unas elecciones amañadas, donde el oficialismo tiene todas la garantías y ventajas, mientras los opositores son intimidados, forzados a abandonar el país, encarcelados o asesinados. Basta ver los casos de Rusia, Bielorrusia y, más cerca, Venezuela. Ahora, a seis meses de los comicios, estos hechos confirman la nula credibilidad en un proceso sin garantías, independencia ni acompañamiento internacional. Además de Cristiana Chamorro y los periodistas independientes acusados, el régimen ha vinculado al proceso al laureado escritor y exvicepresidente Sergio Ramírez, quien ha denunciado las violaciones a los derechos humanos y los desmanes de los Ortega y Murillo. En 2018, al recibir el Premio Cervantes, dedicó su discurso a los nicaragüenses asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia.
Como lo afirmara Cristiana Chamorro, a Ortega y Murillo les causa gran preocupación perder el poder y, por este motivo, llevan a cabo esta “venganza (…) contra el legado de mi madre. Quieren impedir que los nicaragüenses votemos y no haya un traspaso a la democracia”. Como se menciona en el sentir popular, sería un castigo divino que en unas elecciones justas y transparentes el dictador y su esposa pierdan de nuevo el poder ante una Chamorro.
Foto: AFP / MARVIN RECINOS
Editorial de El Espectador
