En un firme pronunciamiento este lunes 16 de febrero, el líder democrático Edmundo González Urrutia exigió la liberación inmediata de los cientos de venezolanos que aún permanecen tras las rejas por motivos políticos. González subrayó que el Ejecutivo no debe escudarse en los tiempos del Palacio Federal Legislativo para ejecutar las excarcelaciones.
La huelga de hambre: Un grito de desesperación
El exdiplomático centró su mensaje en la crítica situación que atraviesan los familiares a las afueras de la Zona 7 (Boleíta, estado Miranda), quienes han superado las 48 horas en huelga de hambre y encadenamiento.
«Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción; lo hacen desde el dolor y la angustia», expresó González a través de sus redes sociales.
«Son personas, no listas»
González, quien vivió de cerca esta realidad tras la reciente excarcelación de su yerno después de un año de detención arbitraria, criticó la burocracia con la que se ha manejado el proceso desde el pasado 8 de enero:
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Voluntad política sobre trámites: Enfatizó que la justicia no requiere de la aprobación previa de la Ley de Amnistía: «No se necesita una ley para liberar a quien fue encarcelado injustamente. Se necesita la decisión de hacerlo, sin dilaciones».
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Respeto a la dignidad: Reprochó el manejo de los nombres de los detenidos como simples cifras: «Listas van y vienen. Pero no son listas, ¡caramba, son personas! Merecen el mismo respeto que cualquier padre, madre, hijo o hermano».
El saldo pendiente
A pesar del anuncio de transición y los diálogos actuales, la brecha entre las promesas y la realidad carcelaria sigue siendo profunda. De acuerdo con el último balance de la ONG Foro Penal:
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444 personas han sido excarceladas desde el inicio de este nuevo ciclo político.
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Más de 600 ciudadanos permanecen privados de su libertad por razones políticas.
González concluyó reafirmando su acompañamiento a las familias en vigilia, definiendo la liberación inmediata no como una concesión política, sino como un «acto de respeto a la dignidad humana».
