Fuerte impacto alcanzaron las imágenes de una alumna mendocina de 14 años armada con una pistola y dos cuchillos en el patio del colegio Marcelino Blanco, localidad de La Paz, al que concurría. Con el arma reglamentaria de su padre policía disparó varias veces al tiempo que exigía la presencia de una profesora. Luego de cinco horas de atrincheramiento y la evacuación total de la escuela, la tensa situación quedó controlada y la joven fue trasladada a un centro de salud. Se especuló sobre un supuesto conflicto con una docente, con que sería víctima de bullying por su apariencia física e incluso que viviría alguna situación conflictiva en el hogar. Por su edad, la alumna no puede ser imputada penalmente.
El testimonio de una compañera describió la existencia de un grupo dominante en la escuela, que también la llevó a ella a buscar ayuda. Sin embargo, cuando su familia se quejó, la escuela no hizo nada, protestó.
Cuando una burla, un hostigamiento, una pelea, un enojo se vuelven sistemáticos la víctima se siente vulnerable o desprotegida. El bullying refiere a esas formas intencionales de violencia que muchas veces se dan en un contexto de desequilibrio de poder entre los involucrados, lo cual deriva en el silenciamiento de la situación. Informes recientes sobre convivencia escolar en el país revelaron que seis de cada 10 chicos de sexto grado dijeron haber sufrido algún tipo de violencia en la escuela. Más de un tercio se sintió discriminado.
El caso mendocino definió una modificación legislativa que responsabiliza a los padres ante casos de acoso escolar protagonizados por sus hijos. La sanción, que implica modificar el Código de Contravenciones, incluye trabajos comunitarios en la primera oportunidad. Para el caso de reincidencia, se estipulan multas que podrían superar los dos millones de pesos.
El ministro de Educación mendocino, Tadeo Salazar, explicó que esa provincia “busca educar a agresores y comprometer a las familias”. Frente al cuestionamiento de especialistas respecto de que se penalice a los padres en lugar de convertirlos en aliados activos para modificar las conductas del hijo, cabe destacar que se contemplan varias instancias. En un primer momento se convoca a los padres de víctimas y victimarios. Muchas veces los progenitores no asisten o simplemente le restan importancia al hecho. Si esa instancia no rinde frutos, solo entonces se pasa a la aplicación del Código Contravencional.
Abordar un problema como el bullying demanda un enfoque multidisciplinario. A las sanciones deben sumarse medidas educativas de prevención y protocolos para actuar rápidamente frente a un fenómeno extendido que preocupa y al que la comunidad no puede llegar tarde. Las cifras sobre suicidio juvenil son también un claro indicador de cuán insoportable pueden resultar la soledad y la discriminación ante la falta de respuestas de los adultos a un sufrimiento tantas veces silencioso.
Los mecanismos de contención no siempre logran frenar a tiempo situaciones que pueden escalar peligrosamente hacia la violencia. Cualquier estrategia debe involucrar a la comunidad educativa, con protocolos bien diseñados, espacios que promuevan el diálogo y acompañamiento psicológico. El bullying no es juego.
