El aumento de la Unidad de Pago por Capitación es insuficiente y ahonda la crisis del sistema.
Apocas horas de terminar el 2024, el Ministerio de Salud anunció una decisión crucial para las finanzas del sistema de salud en Colombia. Se trata del aumento anual de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el monto que las entidades promotoras de salud (EPS) reciben por cada afiliado al año para el cubrimiento de los costos de la prestación de estos servicios. La cartera sanitaria definió el alza para este 2025 en 5,36 por ciento, tomando en cuenta el índice de precios al consumidor (IPC) ante la “poca confiabilidad de la información aportada por las EPS”.
La reacción de prácticamente todo el sector de la salud del país ha sido tanto de rechazo a dicho aumento –que consideran insuficiente– como de alarma ante lo que se prevé como un aceleramiento del grave deterioro de las condiciones del sistema. Gremios como Acemi, Asocajas, Afidro y la Andi, los hospitales públicos, asociaciones de pacientes, organizaciones de usuarios, centros de estudios económicos y grupos técnicos, exministros y altos funcionarios, asociaciones de médicos, entre otros actores, han elevado al unísono las alertas sobre los efectos negativos de esta decisión sobre la atención a millones de colombianos.
De hecho, la desfinanciación a partir de la brecha entre la UPC decretada y la necesaria para solventar los costos de funcionamiento es uno de los aspectos principales de la crisis del sistema de salud. Una diversidad de factores –que incluye el crecimiento en la demanda de servicios médicos en la pospandemia y el envejecimiento de la población– ha empujado esos costos al alza mientras que, por varios años, la UPC establecida por el Gobierno no ha capturado fielmente esas tendencias.
Por ejemplo, un reciente estudio de Anif y Afidro calculó que en 2024 la UPC debió haber subido un 15,6 por ciento, 3,6 puntos porcentuales por encima de lo definido oficialmente. Las estimaciones para la UPC deseable para 2025 apuntaban a un aumento de entre 16,4 y 16,9 por ciento, esto es, una diferencia de más de diez puntos porcentuales. Por ese motivo, la Andi calculó el déficit que generaría este bajo aumento de la UPC en aproximadamente 10,4 billones de pesos solo para este año. En otras palabras, además de ser insuficiente para cubrir las necesidades vigentes, el bajo aumento de la UPC agravará esa senda crítica de desfinanciamiento.
La administración Petro insiste en que graves ‘inconsistencias’ en los datos de las EPS sostienen la polémica decisión. No obstante, a finales del 2023 –la UPC de 2025 se basa en cifras de ese año– el Gobierno ya había intervenido cuatro EPS. Además, durante todo el 2024 las autoridades de salud pudieron actuar para pedir los ajustes necesarios en los reportes de las EPS. Es responsabilidad del Gobierno y de su capacidad regulatoria garantizar que el proceso de definición del aumento de la UPC se realice técnicamente y con la mejor información disponible.
Es momento de que el gobierno Petro asuma la responsabilidad de encontrar todos los caminos posibles para estabilizar las finanzas del sistema de salud, pensando primero en los pacientes
No obstante, los argumentos del gobierno Petro han sido, hasta ahora, mucho más ideológicos que técnicos. La Casa de Nariño parte del desconocimiento de la inocultable crisis financiera del sistema de salud y luce más dedicada, incluso las publicaciones del presidente Gustavo Petro en redes sociales, a señalar opositores y a ‘cobrar’ el hundimiento de la ley de financiamiento. En vez de encarar con diligencia una situación que se ha acumulado durante largos años y que también han vivido gobiernos pasados, el Gobierno se ha dedicado a usar el espejo retrovisor y a repartir culpas, aun con versiones alejadas de la realidad, con lo cual solo agrava más la crisis que el mismo Ejecutivo profundizó. Desafortunadamente, la prestación de un servicio básico como el de salud ha sido convertido por el Gobierno en un campo de batalla ideológico, donde parece que quienes menos importan son los pacientes.
Ese pulso se refleja en la discusión en el Congreso de la República de un proyecto de reforma de la salud que, sin contar con los consensos mínimos, no toma las medidas estructurales requeridas para resolver las falencias del sistema hacia el futuro. Mucho menos contribuirá directamente a encarar las urgencias que hoy lo aquejan. El Gobierno Nacional heredó un sistema de salud con importantes logros en cobertura, equidad y gasto de bolsillo, pero con serios desajustes y problemas financieros. Sin embargo, en vez de concentrarse en robustecerlo y solucionar sus limitaciones, está tomando decisiones que asfixian el sistema.
Es momento de que el gobierno Petro asuma la responsabilidad de encontrar todos los caminos posibles para estabilizar las finanzas del sistema de salud. Es la hora de abrir de inmediato los canales de discusión y diálogo con los distintos actores del sistema para la revisión técnica y el reajuste de la UPC y evitar un mayor deterioro. La prioridad en esa tarea no es ideológica ni política, sino la protección de la vida de millones de pacientes y usuarios. La crisis que se ha venido agudizando no da espera y exige un llamado urgente para solucionarla, con más humanismo que cálculos políticos.
EDITORIAL
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