En un clima enrarecido, el presidente Petro insiste en su desafío a la Constitución.
Colombia atraviesa un momento crítico. El cuadro no podría ser más preocupante: un Presidente empeñado en desconocer la Constitución, una polarización política cada vez más profunda, una crisis de orden público agudizada por la ola terrorista de esta semana en Valle y Cauca, el dolor por el atentado que mantiene en estado crítico al precandidato Miguel Uribe Turbay, además de una creciente incertidumbre, configuran un escenario de enorme gravedad.
Ante semejante contexto, lo que se esperaba del primer mandatario era serenidad, decisiones precisas y sensatas, así como un liderazgo para propiciar la unidad nacional frente a la amenaza de los criminales. Pero no solo esto no ha ocurrido, sino que el presidente Petro escogió este momento de tormenta para sacar adelante la consulta popular por decreto, pasando por encima de la negativa del Senado. Una decisión que divide y atiza tensiones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo justo cuando el país reclama lo contrario. Es el momento de tomar conciencia respecto a que, más allá de las diferencias, estamos todos del lado de la legalidad, la Constitución y la democracia. El mismo Presidente ha hecho llamados en ese sentido ante la ofensiva de los delincuentes, pero sus palabras deberían traducirse en hechos que convoquen a la unidad.
La determinación de firmar un decreto que desconoce la decisión del Congreso sobre la consulta popular es, como ya se ha dicho en otros momentos en este espacio, riesgosa, inconstitucional y lesiva para la democracia. Por eso, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado están hoy llamados a ejercer el rol de contrapeso que la carta política les asigna. Les corresponde pronunciarse con prontitud y dentro del derecho.
El balón también está en la cancha del registrador nacional, Hernán Penagos. Haría bien en aplicar la misma excepción de inconstitucionalidad que invoca el propio Presidente. Lo indicado sería que, una vez reciba el decreto, suspenda cualquier trámite hasta que la justicia decida. Esa espera es lo más prudente para preservar el delicado equilibrio de poderes que sostiene a toda democracia. Aquí vale la pena señalar que el artículo 104 de la Constitución es taxativo respecto a que, para proceder, la Registraduría requiere un concepto favorable del Senado, que a todas luces no existe, no está anexado al llamado decretazo. Este es el sustento jurídico a la mano de Penagos para optar por la excepción de inconstitucionalidad. No puede ocurrir que la consulta se lleve a cabo primero y solo después haya un pronunciamiento judicial. Bueno es tener presente que el Registrador no es un simple funcionario administrativo: es la cabeza de un órgano con estatus constitucional, responsable de preservar la integridad del proceso electoral y garantizar que este se ajuste a derecho. Su gestión y sus resultados así lo han demostrado. Ese es su mandato, y el país debe rodearlo.
Existe también la expectativa respecto a si la Corte Constitucional se apoyará en la gravedad del caso para ejercer un control previo, no posterior, a una hipotética votación. Esta postura viene tomando fuerza, y son varios los expertos y exmagistrados que la consideran perfectamente viable y en línea con su jurisprudencia reciente, en particular con la ley de la ‘paz total’.
Cuanto mayor sea la pugna entre las instituciones y los líderes en la orilla de la legalidad, mayor será el campo de acción y más abundantes las ganancias de los grupos criminales. Esa es la tragedia
Hay dos reflexiones adicionales. Primero, el Senado debe continuar con su tarea. La reforma laboral tiene que ser votada en democracia bajo la premisa de la independencia y autonomía del Congreso, sin presiones ni chantajes. El texto contiene los elementos más relevantes de la iniciativa que presentó el Gobierno y si resulta aprobada será un parteaguas en la legislación laboral colombiana. Los senadores deben tramitar los intereses de la ciudadanía conforme a la Constitución, a través de acuerdos, deliberación e inclusión de las visiones de todos los sectores de la sociedad. Esa es la vía legítima.
Segundo, está ya bastante claro que quienes más celebran este descuadernamiento institucional son los criminales. Como lo sabe el país, son muchas, poderosas y transnacionales las organizaciones delincuenciales que operan en Colombia y se nutren de la coca, la minería ilegal y el contrabando, entre otras rentas. Y todas entienden que cuanto mayor sea la pugna entre las instituciones y los líderes en la orilla de la legalidad, mayor será su campo de acción y más abundantes sus ganancias. Esa es la tragedia. Ni los criminales que atentaron contra Miguel Uribe ni los terroristas que pusieron bombas y mataron a policías y civiles esta semana se merecen esa ventaja para sus propósitos. El reto es la unión y el jefe del Estado es el llamado a liderarla y a generar condiciones para lograr acuerdos nacionales ante un enemigo común que se beneficia del caos.
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