Crear puestos de trabajo y reducir informalidad deben ser objetivos prioritarios de la política laboral.
Hoy se conmemora, en Colombia y otros países del mundo, el Día Internacional del Trabajo, jornada caracterizada por marchas de las organizaciones sindicales y por reflexiones sobre el panorama laboral del país. Este año la celebración viene enmarcada dentro de un intenso debate sobre la propuesta de reforma laboral impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. Discusión que se está dando en múltiples frentes políticos. Por un lado, la Casa de Nariño promueve una propuesta de consulta popular con 12 preguntas con cambios en normas laborales. Por otro, en el Congreso fueron radicadas tres iniciativas –entre ellas, la de los liberales– de reforma laboral, que tocan temas como la jornada y aumentar recargos dominicales.
No sobra reiterar hoy que es el Legislativo el escenario idóneo para el debate democrático en torno a las modificaciones de las normas laborales, y debe gozar de autonomía máxima
Más allá de los costos que traería la aplicación de estos proyectos, no sobra reiterar que es el Legislativo el escenario idóneo para el debate democrático en torno a esas modificaciones de las normas laborales. Frente a estos articulados, el Congreso debe gozar de la autonomía máxima, sin intromisión del Poder Ejecutivo, para definir el futuro de estas iniciativas. En el caso particular de la consulta popular, se equivoca la Casa de Nariño al insultar a los senadores opositores en lo que podría interpretarse como presión indebida a esa instancia legislativa que debe decidir con total independencia y en ejercicio de las funciones de autonomía que le confirió la ciudadanía en democracia. Lamentablemente, la eventual convocatoria de este mecanismo de participación ciudadana podría ser usada como un trampolín del Gobierno para una campaña electoral adelantada.
La radiografía del empleo en Colombia hoy tiene luces y sombras. Los informes del Dane reflejan la resiliencia del mercado laboral: la tasa de desempleo nacional para el pasado mes de marzo registró 9,6 por ciento, 1,7 puntos porcentuales menos que lo reportado en el mismo período del año pasado. Más de un millón de puestos de trabajo se crearon, mientras que la población desocupada se redujo en 359.000 personas.
Una cifra positiva, por supuesto; no obstante, es necesario anotar que el primer trimestre de este 2025 concluyó con una tasa de informalidad del 57,2 por ciento, con un aumento de 1,1 puntos porcentuales frente al dato del mismo período del 2024. La incapacidad de la economía nacional de crear puestos de trabajo formales se consolida como uno de los desafíos prioritarios de cualquier política laboral. De hecho, una de las principales críticas a las propuestas de reforma del gobierno Petro –proyectos de ley y consulta popular– está en que no solo no trae medidas para crear empleo, sino que eleva los costos laborales y desataría la pérdida por lo menos unos 450.000 puestos, según organizaciones técnicas como Fedesarrollo.
De poco sirve, entonces, introducir por vía de leyes o consultas una serie de cambios normativos alrededor del trabajo si terminan golpeando negativamente a los empleadores. Tanto la capacidad del sector privado para crear esas vacantes, formales y estables como el necesario aumento de la productividad laboral que deben acompañar esos puestos de trabajo son aspectos imprescindibles en una discusión técnica de actualización de las normas laborales. Es un hecho que debe mirarse con realismo.
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Será hoy, en todo caso, una jornada en la que miles de colombianos saldrán a las calles a expresar sus inquietudes, descontentos y anhelos. En Bogotá marcharán también unos 15.000 indígenas, quienes se encuentran en el campus de la Universidad de Nacional y que, según dicen, han venido bajo sus propios medios y costos. Pero verlos asentados en los predios de la histórica Nacional ha despertado polémica. No solo porque es un hecho sin precedentes, sino porque los indígenas –que desde luego gozan de plenas garantías constitucionales– en tiempos recientes han tendido un periplo difícil, traumático y costoso para la ciudad.
Este episodio recuerda las estrategias que ya en el pasado ha usado el Gobierno para apoyarse en el movimiento indígena en función de sus objetivos de presión política. Hoy los ciudadanos no ocultan inquietudes y nerviosismo al ver la minga, que se ha tomado nueve edificios de la universidad, en los que, más que invitados, comenzaron ejerciendo control de acceso, y, no se puede negar, afectan la normalidad académica. Todo, además del sorpresivo bloqueo de vías de la ciudad.
Más allá de si este es el escenario para albergarlos, la minga, que tiene sus plenos derechos, insistimos, tiene también claros deberes y responsabilidades como la de respetar el orden y las libertades ciudadanas. Basta recordar los desórdenes que protagonizaron en el centro de la ciudad hace pocas semanas. Además, deben honrar el compromiso de, cumplida la marcha, retornar a sus territorios para que la universidad prosiga con el normal ejercicio académico.
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