La Comunidad de Madrid ha lanzado una iniciativa para prohibir el uso individual de móviles, tablets y ordenadores en colegios públicos y concertados que impulsa un uso racional y responsable de los dispositivos digitales en el ámbito educativo. La medida se enmarca en la constatación del riesgo que para los menores entraña el uso incontrolado de pantallas: desde falta de atención a adicciones o problemas de socialización. También en la necesidad de que el aprendizaje no elimine formatos analógicos que pueden ser muy enriquecedores, sino que los adapte a un presente marcado por una revolución tecnológica que abre inmensas posibilidades de desarrollo personal.
El decreto anunciado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso va en la buena dirección siempre que la regulación permita garantizar la adquisición de unas competencias digitales imprescindibles para integrarse culturalmente en la sociedad actual.
En ese sentido parece razonable que tablets y ordenadores no desaparezcan de las aulas de 0 a 12 años, sino que se usen de manera supervisada un máximo de dos horas al día para trabajos en grupo. Y que esos dispositivos no se trasladen a casa, donde pueden suponer un elemento de distracción e incluso un riesgo si los menores logran saltarse los filtros de control parental y acceder a contenidos poco recomendables para su edad. La medida afectará especialmente a los colegios concertados religiosos, que es donde más extendidas están las pantallas, y que ya anuncian su férrea oposición.
Editorial de el país
