Foto: Archivo / Diario Las Américas
La circunstancia histórica que viven los venezolanos en Estados Unidos es compleja y singular. Por un lado está el hecho central de que Venezuela, hasta la llegada de lo que se conoce como socialismo del siglo XXI, fue un aliado histórico de la nación estadounidense, algo que se expresó con contundencia con la llamada Doctrina Betancourt, una postura que permitió enfrentar en su momento el surgimiento del régimen autoritario cubano. En otra dirección está la estrecha vinculación económica entre las dos naciones, especialmente por la importancia de la presencia norteamericana en el desarrollo de nuestra industria petrolera.
Más recientemente, Estados Unidos se ha transformado en el aliado central internacional, conjuntamente con otras naciones, para la recuperación de la democracia y la libertad en nuestro país. Una circunstancia que ha sido públicamente reconocida por el liderazgo de oposición legítimo de Venezuela, encabezado por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. A estos hechos se le unen, en un complejo entramado, la dura realidad que enfrentan los venezolanos en Estados Unidos, especialmente los más de 600.000 de nuestros connacionales que no tienen doble nacionalidad y que están bajo la protección de dos instrumentos legales, el Temporary Protection Status (TPS) y el Humanitarian Parole, muy distintos en sus alcances y significado normativo, pero que se han constituido en dos de las rutas primarias para que los migrantes venezolanos, y de otras nacionalidades, puedan permanecer en Estados Unidos.
El nuevo gobierno de Trump ha singularizado algunas decisiones sobre política migratoria en el caso del TPS para los venezolanos, suspendiendo el privilegio de este permiso de manera casi inmediata, lo cual afecta a miles de migrantes que constituyen en su mayoría gente de bien. Esta afirmación no pretende obviar que en el colectivo de venezolanos en Estados Unidos coexisten criminales y organizaciones delictivas. Un hecho especialmente significativo es que el gobierno de Estados Unidos ha señalado explícitamente la conexión entre el régimen de Maduro y esas organizaciones criminales, como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles.
La suspensión del TPS ha sido objetado en una corte federal en California y esta circunstancia, provocada por una acción legal de organizaciones de venezolanos, ha puesto de relieve que es necesario defender la alianza con Trump y Estados Unidos y, al mismo tiempo, alzar la voz por nuestra gente. Un compromiso difícil pero ineludible. El origen último del hundimiento del país y la salida de millones de venezolanos es la acción destructiva del chavismo-madurismo. La transición del régimen de Maduro a una democracia capaz de refundar a Venezuela, y que respete la decisión soberana del pueblo, expresada en las elecciones de 2024, es la verdadera solución final a la migración incontrolada, un drama que impone una pena de dolor sobre nuestras familias y que bajo ninguna circunstancia debe conducir a situaciones de xenofobia contra una comunidad que ha dado ejemplos poderosos de integración en las naciones de acogida.
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