De los veinte periodistas en prisión solo ha sido excarcelado José Gregorio Camero, que debe cumplir medidas cautelares de presentación periódica ante un tribunal y tiene además prohibición de salida del país. Se deben cuidar los términos y en casos como el de Camero no se puede hablar de liberación.
Camero fue imputado por los delitos de terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir. Había sido detenido el 3 de agosto de 2024 en Valle de la Pascua, estado Guárico, luego de cubrir una protesta contra el fraude del 28J. Estuvo en prisión durante casi un año en condiciones que afectaron su condición física y emocional. Nunca tuvo derecho a nombrar su propia defensa.
Otros 19 profesionales del periodismo siguen tras las rejas. Unos por el desempeño de su oficio, otros por su activismo político. Ejercer el periodismo no es un delito. Hacer política tampoco lo es. Ambas actividades están criminalizadas en Venezuela desde hace demasiado tiempo y aún más desde el recrudecimiento de la represión para sofocar el descontento y esparcir el miedo como elemento disuasivo.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas recuerdan los nombres de los 19: Ramón Centeno, Carlos Rojas, Luis López, Gabriel González, Roland Carreño, Victor Ugas, Biagio Pilieri, Pedro Guanipa, Belises Cubillán, Leandro Palmar, Julio Balza, Angel Godoy, Rory Branker, Juan Alvarado, Gianni González, Nakari Ramos, Mario Chávez, Juan Pablo Guanipa y Carlos Marcano.
La estrategia para cercar el periodismo y reducirlo a su mínima expresión comenzó muy pronto tras el triunfo de Hugo Chávez en 1999. A medida que la situación política se hizo más áspera, más se endureció el ataque a los medios (periódicos, emisoras radiales, canales de televisión y portales digitales). El resultado ha sido este desierto comunicacional que describe el panorama nacional, junto con el absoluto control de los medios públicos de información que, en estricto sentido, deberían responder a una política de Estado imparcial y sujeta a normativas que garantizaran su condición de prestadores de un servicio público vital para la vida en democracia.
No estamos en un proceso en el cual se asegure el respeto de los derechos constitucionales y se busque normalizar la vida política de los ciudadanos, su derecho a disentir y a expresar su descontento por vías pacíficas. El régimen de Maduro halló un filón en la repatriación de venezolanos que primeramente expulsó de hecho del país y busca sacar una tajada política con mínimas concesiones. Para mayor cinismo, se siguen apresando ciudadanos por los métodos arbitrarios suficientemente documentados y sin ni siquiera derecho a pataleo.
La exigencia es el cumplimiento estricto de la Constitución y las leyes. De lo que se desprende, la liberación inmediata de todos los detenidos injustamente y por métodos que copian lo peor de los regímenes militares que oscurecieron a nuestras repúblicas hermanas y ahora a nuestra tierra
Editorial de El Nacional
José Gregorio Camero
