*“Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”, reza el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta es la declaración de la carta magna, en su momento, impulsada y defendida a los cuatro vientos por Hugo Chávez, que ahora Nicolás Maduro quiere “reformar”.
Si bien no se conoce el texto de la reforma ‒Hermann Escarrá afirmó en una entrevista en Venevisión que tomará noventa días para ser elaborada‒ es fácil saber cuál será su contenido basado en las declaraciones de Maduro y de la nomenklatura que lo sigue a pies juntillas: el establecimiento de un Estado socialista y comunal. A esto se debe añadir el aumento de la persecución de la disidencia, afianzar la reelección presidencial, cambiar el sistema electoral por uno de segundo grado y aumentar la concentración del poder en el Ejecutivo.
Hay que proclamar en voz alta y clara que no es posible el cambio de la forma del Estado para establecer el Estado socialista (y comunal) por la vía de la reforma constitucional. Aquí hay que recordar que el Estado comunal fue repudiado de manera contundente por el pueblo en el referéndum de diciembre de 2007, cuando el jefe de la revolución era Hugo Chávez. Fue rechazado porque era una propuesta enormemente impopular. Ahora lo pretende hacer Nicolás Maduro, sin el liderazgo ni el respaldo de su mentor.
En efecto, en una declaración difundida del 18 de noviembre de 2024, Maduro señaló que en Venezuela prevalecerá el nuevo Estado comunal, «fase avanzada de construcción y la paz para todos los venezolanos». Pero lo que se ofrece no se puede materializar con una reforma constitucional sino con una Asamblea Nacional Constituyente, realizada con todas las garantías de transparencia e imparcialidad. Desde luego que semejante cosa sería nuevamente rechazada por el electorado.
Ninguna de las propuestas que están sobre la mesa se puede concretar por vía de la reforma sino de una Asamblea Constituyente. Pero esta no es posible hacerla si el pueblo no tiene confianza en la institución electoral. Todo lo que se pretenda hacer nacería viciado de nulidad si se hace con el mismo esquema electoral con el cual se llevó a cabo la elección del 28J. Primero hay que buscar la confianza en el órgano electoral, para luego emprender cualquier reforma constitucional.
Pero hay más todavía. Esta “reforma” se pretende hacer sin la participación de la sociedad civil: colegios de abogados, universidades, academias, etc. Para desvirtuar esto Hermann Escarrá sostuvo, en la entrevista mencionada, que en la Asamblea Nacional están representados todos los sectores, lo que no es verdad. Es archiconocido que la AN funciona con una disciplina férrea en la cual no hay espacio para que los parlamentarios expresen libremente su pensamiento. Los sectores políticos que cuentan con el apoyo popular no tienen representantes en la Asamblea Nacional, porque sus lideres han sido inhabilitados, o las tarjetas de los partidos han sido confiscadas.
De lo que se trata es de manejar este asunto amparado en la verdadera situación política del país: una reforma constitucional sin libertades es una reforma simulada. La única forma de acometer cualquier cambio de la Constitución de 1999 es con las necesarias garantías de transparencia, libertad de participación e independencia de los poderes. Un Poder Electoral controlado por el PSUV no garantiza ningún acto electoral.
En el fondo lo que se busca es dar al traste con la Constitución de Hugo Chávez para imponer otra que permita aumentar el autoritarismo y limitar aún más las libertades ciudadanas. Todo esto se parece al modelo cubano que solo garantiza la pobreza, la falta de libertad y el fracaso.
Por último, hay que decir que esta reforma constitucional la propone quien carece de respaldo popular. Maduro no puede convocar al pueblo para que se apruebe una nueva Constitución con un modelo que los venezolanos no queremos: el Estado comunal. Para derrotarla se necesita más que nunca la unidad de los venezolanos.
Editorial de El Nacional
