En 1976, cuando apenas se iniciaba el incierto camino de lo que terminó siendo la Transición española, Carlos Andrés Pérez llevó a Madrid, en el avión presidencial, a un pasajero incómodo para el viejo régimen franquista que aún no sabía que se estaba desplomando. El personaje era Felipe González, líder del PSOE, entonces un partido ilegalizado. El rey Juan Carlos I, monarca tan solo desde noviembre del año anterior tras la muerte del dictador Francisco Franco, fue a recibir al presidente de Venezuela al aeropuerto. “Traigo contrabando en el avión”, le dijo CAP al ahora rey emérito, según cuenta el propio González. El expresidente del gobierno español recuerda que desapareció del escenario sin que nadie lo notara, ¡salvo por sus palabras! y la risa del rey. También Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista, regresó a España en 1976, en secreto, y provocó su detención para obligar al gobierno a reconocer a su partido. Ni uno ni otro incidente obstaculizaron el camino a la libertad y a la democracia en la madre patria hace medio siglo.
Se juntaron entonces dos figuras –Juan Carlos I y Adolfo Suárez, quien había ejercido diversas posiciones en la estructura del poder franquista– convencidas de que, en palabras del monarca, el día de su proclamación: “Con generosidad y altura de miras, nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional”. Al año siguiente hubo elecciones y en 1978 se aprobó en referéndum la Constitución que definió y enrumbó la vida democrática española. Y se dejaron atrás casi 40 años de una dictadura terrible.
En Venezuela, luego de la captura y extracción de Nicolás Maduro –mandatario ilegítimo, no hay que olvidarlo– siguen en el poder sus principales colaboradores. La operación militar del 3 de enero fue un severo golpe en su línea de flotación. El chavismo es experto en sobrevivencia, tanto como la oposición democrática se ha curtido en una resistencia de tinte heroico durante 27 años. Los hermanos Rodríguez están al mando con la explícita tarea de mantener el poder, como lo han dicho sin vergüenza alguna. Por lo tanto, suponer que la “reconciliación y la convivencia” son un objetivo del régimen puede conducir a serios desengaños.
La reconciliación y la convivencia solo se alcanzarán cuando el gobierno de la nación exprese el sentimiento mayoritario de los ciudadanos. La soberanía del pueblo no puede permanecer secuestrada. Los Rodríguez, Cabello, el fiscal, el ministro de la Defensa que pide excusas por su inacción del 3 de enero; no pueden decirle a los venezolanos cómo deben hacer política. No pueden decirnos con descaro que nos conceden la oportunidad de hacer política. El ejercicio pleno y vigoroso de la política y la libre expresión a toda hora y en todo lugar de los venezolanos son derechos, no concesiones. Si lo que se va a echar a perder, como temen algunos, es el reacomodo del régimen, sin cambios reales, pues esa es una tarea que merece los mejores esfuerzos de los demócratas.
Pareciera que se deben medir muy bien las exigencias de la sociedad enardecida después de tanto daño y de tanta mentira, no vaya a ser que estos señores y señoras responsables de la represión –de una crueldad olvidada en los anales de la historia– se enojen. ¿Qué es lo peor que pueden hacer, volver a la “furia bolivariana”? Ya ni siquiera Diosdado usa el término que mandó a pintar en muros y paredes de viviendas en las barriadas populares para infundir miedo.
Después del 3, el miedo está en otro lado. Los demócratas deben acercarse en ideas y corazón. En propuestas, en reuniones, en movilizaciones para responder al reclamo urgente, dolido y mayoritario de venezolanos y venezolanas
Editorial de El Nacional
