El artículo 285 de la Constitución Nacional contiene siete numerales que establecen las atribuciones del Ministerio Público, que funciona bajo la dirección y responsabilidad del fiscal o la fiscal general de la República. Los dos primeros numerales contienen lo medular de esas atribuciones:
Numeral uno: Garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales, así como a los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República.
Numeral dos: Garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso.
Ninguna de las otras cinco atribuciones del Ministerio Público lo ponen a “jugar el rol constitucional de preservar la paz”. Qué mayor contribución a la paz, sin que se le mencione, que cumplir con las obligaciones constitucionales definidas para el ejercicio de la altísima responsabilidad de ser fiscal general de la República.
Si se hubiera garantizado “en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales” y se hubiera garantizado “la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso”, nuestra historia -nuestra triste historia- pudiera haber sido otra.
No fue así. Lo cuentan infinidad de testimonios, informes, documentos, denuncias ante organismos nacionales e internacionales. Los cuentan los familiares de las víctimas que aún reclaman la libertad de sus seres queridos, que permanecen injustamente tras las rejas. Lo cuenta el luto que llevan tatuado quienes perdieron para siempre a un padre, un esposo, un hijo, un hermano mientras estaba bajo custodia del Estado.
Y no lo sabemos todo. A los excarcelados se les impuso la ley, esta sí, del silencio. El mismo silencio que anula el desempeño de los medios de comunicación independientes del Estado. ¿De qué magnitud es el horror que se quiere ocultar?
La vida de los venezolanos gira en torno a un puñado de preguntas. ¿Se logrará la convivencia mientras se insiste en un discurso que exime de responsabilidades a quienes han dirigido el Estado? ¿Se alcanzará la tan anhelada democracia sin que se elija un gobierno que represente genuinamente la voluntad popular? También, ¿cuándo se podrá salir de ese otro régimen de privaciones económicas y desprotección social que, cómo no, compromete seriamente a quienes ejercen el poder sin legitimidad?
La sociedad venezolana y sus organizaciones políticas, cívicas, gremiales, sindicales -de todo tipo- deben activarse para exigir su participación en el destino del país que se juega día a día y hora a hora.
Editorial de El Nacional
