La semana pasada en la iniciativa Ruta por la Justicia y la Libertad familiares de presos políticos, activistas y organizaciones civiles exigieron frente al Palacio de Justicia, la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio para el Servicio Penitenciario y la Fiscalía General el cumplimiento de las garantías constitucionales para los numerosos detenidos en razón única y exclusiva de expresar su pensamiento político. En el país hay más de un millar de presos políticos, algo insólito, nunca visto ni padecido desde la instauración de la vida democrática en 1958.
Esta semana un grupo de presos políticos encerrados en las mazmorras de El Helicoide iniciaron una huelga de hambre para denunciar las condiciones inhumanas y la gravísima vulneración de sus derechos que padecen bajo custodia de un Estado que no es tal y que ha hecho del irrespeto a la ley y a la decencia su norma de conducta.
La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón, a partir de testimonios recabados, ha podido constatar que los presos sufren traslados arbitrarios, requisas abusivas, retrasos procesales injustificados y la suspensión de las visitas familiares. Sobreviven en condiciones de hacinamiento extremas. La comida es insuficiente o se la dan en mal estado. La humillación a los familiares que intentan saber de ellos y ayudarlos es degradante. Carecen los presos de atención médica oportuna. La tortura física y psicológica es parte del menú represor, que afecta su salud y su dignidad.
Las denuncias sobre el horror en las cárceles venezolanas son de vieja data. A finales del año 2022, en el tercer informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela se hace constar que los opositores reales y percibidos por el gobierno, tras ser sometidos a detenciones ilegales, padecían actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y violencia sexual y de género.
Mientras estaban detenidos podían recibir: “fuertes golpes con bates y objetos punzantes; descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo; asfixia con sustancias tóxicas y agua; cortes y mutilaciones, incluso en la planta de los pies y debajo de las uñas; el uso de un dispositivo llamado ‘señorita’ para levantar y deformar los cuerpos y bajarlos a tanques de agua; violación con objetos; golpes y descargas eléctricas en los genitales; iluminación constante u oscuridad permanente; calor o frío extremos; alimentación forzada con heces y vómito; y amenazas de muerte y de violación a las víctimas y a sus familiares”.
¿Habrán mejorado las condiciones de reclusión desde entonces? No parece el caso, porque los presos, en El Helicoide y en todos los centros de reclusión a los cuales son destinados opositores políticos, se sigue aplicando la tortura y el maltrato, persiste el hacinamiento y la desatención sanitaria, y la alimentación causa estragos en la salud de los presos.
La lista de muertos bajo la supuesta protección y seguridad del Estado ha empeorado desde el inicio de la nueva ola represiva posterior a las elecciones del 28 de julio pasado. La protesta de los presos políticos debe acompañarse con un clamor nacional e internacional permanente en defensa de sus vidas, de su dignidad, y en resguardo de las disposiciones constitucionales vigentes.
Editorial de El Nacional
La semana pasada en la iniciativa Ruta por la Justicia y la Libertad familiares de presos políticos, activistas y organizaciones civiles exigieron frente al Palacio de Justicia, la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio para el Servicio Penitenciario y la Fiscalía General el cumplimiento de las garantías constitucionales para los numerosos detenidos en razón única y exclusiva de expresar su pensamiento político. En el país hay más de un millar de presos políticos, algo insólito, nunca visto ni padecido desde la instauración de la vida democrática en 1958.
Esta semana un grupo de presos políticos encerrados en las mazmorras de El Helicoide iniciaron una huelga de hambre para denunciar las condiciones inhumanas y la gravísima vulneración de sus derechos que padecen bajo custodia de un Estado que no es tal y que ha hecho del irrespeto a la ley y a la decencia su norma de conducta.
La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón, a partir de testimonios recabados, ha podido constatar que los presos sufren traslados arbitrarios, requisas abusivas, retrasos procesales injustificados y la suspensión de las visitas familiares. Sobreviven en condiciones de hacinamiento extremas. La comida es insuficiente o se la dan en mal estado. La humillación a los familiares que intentan saber de ellos y ayudarlos es degradante. Carecen los presos de atención médica oportuna. La tortura física y psicológica es parte del menú represor, que afecta su salud y su dignidad.
Las denuncias sobre el horror en las cárceles venezolanas son de vieja data. A finales del año 2022, en el tercer informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela se hace constar que los opositores reales y percibidos por el gobierno, tras ser sometidos a detenciones ilegales, padecían actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y violencia sexual y de género.
Mientras estaban detenidos podían recibir: “fuertes golpes con bates y objetos punzantes; descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo; asfixia con sustancias tóxicas y agua; cortes y mutilaciones, incluso en la planta de los pies y debajo de las uñas; el uso de un dispositivo llamado ‘señorita’ para levantar y deformar los cuerpos y bajarlos a tanques de agua; violación con objetos; golpes y descargas eléctricas en los genitales; iluminación constante u oscuridad permanente; calor o frío extremos; alimentación forzada con heces y vómito; y amenazas de muerte y de violación a las víctimas y a sus familiares”.
¿Habrán mejorado las condiciones de reclusión desde entonces? No parece el caso, porque los presos, en El Helicoide y en todos los centros de reclusión a los cuales son destinados opositores políticos, se sigue aplicando la tortura y el maltrato, persiste el hacinamiento y la desatención sanitaria, y la alimentación causa estragos en la salud de los presos.
La lista de muertos bajo la supuesta protección y seguridad del Estado ha empeorado desde el inicio de la nueva ola represiva posterior a las elecciones del 28 de julio pasado. La protesta de los presos políticos debe acompañarse con un clamor nacional e internacional permanente en defensa de sus vidas, de su dignidad, y en resguardo de las disposiciones constitucionales vigentes.
