La semana pasada la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) celebró su asamblea plenaria ordinaria número 123 que dejó, entre otras cosas, una sentencia de su presidente reelecto, monseñor Jesús González de Zárate, arzobispo de Valencia, en las que identifica el sistema político venezolano como una autocracia cerrada “con todas las consecuencias que ello lleva consigo en el ámbito de la legalidad, el reconocimiento internacional y el modo de relación institucional con el mismo”.
Una autocracia cerrada es definida por el potente proyecto de investigación histórica Variedades de Democracia (V-Dem), de la Universidad de Gotemburgo, como aquella en la que no se realizarán elecciones multipartidistas para el Poder Ejecutivo, en la que estarán ausentes los componentes democráticos fundamentales: libertad de expresión, libertad asociación y elecciones libres y justas, lo que parece calzar con nuestra realidad actual.
El último Informe de la Democracia del Instituto V-DEM aún ubica a Venezuela, sin embargo, como una “autocracia electoral”, pero sin considerar todavía el proceso electoral del 28 de julio y sus consecuencias posteriores, de todos conocidas. La fecha de fallecimiento de esa autocracia electoral —González de Zárate prefiere usar el término “autocracia hegemónica”— es el 10 de enero pasado, cuando se produjo la juramentación ilegítima de Nicolás Maduro en la presidencia, sin ninguna clase de soporte estadístico electoral que justifique su reelección.
Es curioso que provenga del mundo eclesial, y no del político, la caracterización del sistema imperante en Venezuela. En la exhortación pastoral que puso cierre a la asamblea de la CEV, en su segundo punto se lee: “Muchas son las interrogantes y angustias, temores y dudas que se anidan en el corazón y en la mente de los venezolanos sobre el futuro. Ante la realidad que vivimos resulta engañoso afirmar que la crisis que ha sufrido nuestro país en los últimos tiempos se ha superado, que la situación se ha normalizado y que podemos avanzar hacia situaciones más promisorias utilizando las mismas estrategias y acciones usadas hasta ahora”.
La Iglesia Católica suele mirar más lejos como corresponde a una institución milenaria atenta al tránsito de su rebaño en la Tierra, también cautelosa y esperanzada, aunque alejada de los inmediatismos felices. Para vivir en democracia, apunta el documento eclesial, hay que recuperar la primacía de la verdad y la justicia, la dignidad de la persona y del bien común, poniendo de lado los intereses particulares o partidistas. Y como lo expresa la Constitución es imprescindible “respetar la soberanía popular, y garantizar la participación política en igualdad de condiciones, la libertad de expresión y la legítima protesta” (negadas todas en una autocracia cerrada).
Es de agradecer el documento de los prelados de la CEV en el contexto de un debate más electoral que político, en el que hay puntos de vista y declaraciones, pero parece faltar una mirada más sólida y más densa sobre el país que abogue por la resolución de la crisis política, desatada por la no publicación de los resultados electorales y los eventos posteriores al 28J, como apunta la exhortación pastoral que recuerda, además, que esos hechos “están en la conciencia colectiva del pueblo venezolano”.
