La decisión del juez federal Edward M. Chen en San Francisco, California, de bloquear la suspensión del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) ordenada por el gobierno de Donald Trump es un alivio, también temporal, para cientos de miles de venezolanos que viven en Estados Unidos. El fallo del juez se produjo luego de la demanda introducida por 7 ciudadanos venezolanos y National TPS Alliance, organización que representa a más de 80.000 beneficiarios del programa.
El juez Chen consideró que la medida adoptada por la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, de poner fin a la protección temporal de 350.000 personas a principios de este mes, causaría un daño irreparable a las familias, también a empresas e industrias estadounidenses e, incluso, afectaría a comunidades en todo el país. Los demandantes argumentaron que Noem violó los procedimientos administrativos y que había actuado con prejuicios raciales, lo que fue rechazado por funcionarios federales que insisten en que la secretaria de Seguridad usó las competencias de su cargo para proteger los intereses nacionales.
En el párrafo inicial de la sentencia de 78 páginas, Chen plantea el nudo del asunto: “Las acciones de la secretaria (Noem) privarán a casi 350.000 de estos residentes (pueden llegar a ser 600.000 para fines del año) de la protección que les otorga el Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que los expone a una posible deportación inminente a Venezuela, un país tan sumido en la inestabilidad económica y política, que el Departamento de Estado ha clasificado a Venezuela como un país de ‘Nivel 4: No viajar’, debido al alto riesgo de detenciones injustificadas, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y una infraestructura sanitaria deficiente.”
No hay una decisión definitiva sobre el caso en litigio, al igual que sobre otras decenas de demandas destinadas a defender el programa de protección temporal, una figura legal aprobada inicialmente en la administración de George H. W. Bush (1989-1993) para beneficiar a emigrados de países que han sufrido catástrofes nacionales, conflictos armados y otros tipos de inestabilidad extraordinaria.
La Plataforma Unitaria opositora celebró la decisión del juez Chen y abogó por una “política integral migratoria” en favor de los venezolanos acogidos por el TPS. «La migración venezolana en su inmensa mayoría es consecuencia de la crisis humanitaria compleja que aqueja a nuestro país y está conformada por millones de venezolanos de bien, que con su trabajo, honestidad y productividad han aportado al desarrollo de cada uno de los países donde se encuentran”, expuso la PU en un mensaje en la red X.
Puede parecer, por otra parte, un contrasentido demandar una acción del gobierno extranjero que de manera más persistente se ha interesado en la resolución de la honda y grave situación política y social de Venezuela. El apoyo a la recuperación democrática en Venezuela, en verdad, ha contado en Estados Unidos, para bien, con un acuerdo bipartidista. Preservar el respaldo de republicanos y demócratas, sin complejo alguno, debería ser una línea de comportamiento a seguir desarrollando para fortalecer la confluencia de más y más factores por el cambio político en nuestro país, que será la protección más estable para los venezolanos dentro y fuera del territorio nacional.
Editorial de El Nacional
