El derecho penal está construido para exigir rigurosidad en las pruebas. Así como cuando hubo una condena se pidió respeto a los jueces, lo mismo debe ocurrir en este momento.
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Desde el principio, el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez estuvo lleno de interpretaciones encontradas. Lo que comenzó como una denuncia contra el senador y ahora precandidato presidencial, Iván Cepeda, se convirtió pronto en un entramado sobre posible soborno y fraude procesal con la manipulación de testigos. Al cierre de esta edición, Diego Cadena, abogado del exmandatario, está condenado, mientras que el propio Uribe ha sido absuelto en segunda instancia de todos los delitos por los que había sido sentenciado en primera. Como dijimos en su momento: la justicia se respeta y las decisiones se cumplen, así haya muchos que no estén de acuerdo.
Una y otra vez, el expresidente y sus copartidarios intentaron envenenar el pozo de la justicia. Su argumento siempre fue que se trataba de un golpe político contra el líder del Centro Democrático y que no había garantías. Todo lo contrario. El proceso, que se alargó durante varios años, demostró que nuestro ordenamiento jurídico está diseñado para proteger el debido proceso y la presunción de inocencia. Ayer, a pesar de que la Fiscalía y varios jueces de la República encontraron probados los delitos con los que se acusó al expresidente, el Tribunal Superior de Bogotá concluyó que no se había probado una pieza fundamental en el caso: la responsabilidad directa de Uribe. Por esto, lo absolvió. Todo esto ocurrió dentro del sistema judicial que tenemos, por lo que las constantes agresiones eran injustificadas.
Lo curioso es que ahora los ataques vengan desde el otro espectro ideológico. El presidente de la República, Gustavo Petro, quien había prometido no entrometerse en la labor de la justicia, utilizó sus redes sociales para contrariar el fallo y convocar un proceso constituyente. Como él, muchas personas ven una conspiración detrás de la absolución, cuando todo el proceso ha sido transparente y lo que hemos podido ver es a todas las autoridades participando de manera responsable. La justicia se respeta en todos los casos, especialmente cuando no estamos de acuerdo con sus conclusiones.
Especialmente porque, como comentamos, el caso no ha sido del todo claro desde el principio. Incluso el Tribunal Superior estuvo dividido dos contra una, lo que denota valoraciones distintas sobre las pruebas más importantes en el proceso. En esencia, la pregunta es si podía probarse que el expresidente direccionó a su abogado para que se llevara a cabo manipulación de testigos y los magistrados concluyeron que no es así. Con una casación por parte de la Corte Suprema de Justicia en veremos, esta es la última palabra judicial. El derecho penal está construido para exigir rigurosidad en las pruebas, más allá de las especulaciones y sospechas. Así como cuando hubo una condena se pidió respeto a los jueces, lo mismo debe ocurrir en este momento.
Lo que sigue, claro, es más polarización. Esta absolución marcará el debate electoral al Congreso y a la Presidencia, mientras la Casa de Nariño impulsa su idea de constituyente bajo el ataque a la justicia y la necesidad de una reforma. Cuando estamos en clave electoral, no importa que la rama Judicial haya demostrado un respeto por la Constitución y los derechos fundamentales. De todos los relatos, no permitamos que ese en particular se pierda. El país enfrentó un caso de alta tensión y logró tramitarlo en el marco de sus normas, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras partes del planeta. Esa es una señal de solidez democrática.
Editorial de El Espectador
