Colombia no puede prometer ser un refugio seguro para los exiliados si cada tanto se conocen casos como este o los constantes asesinatos de líderes sociales.
El atentado sicarial contra dos activistas venezolanos que se exiliaron en Colombia necesita una investigación exhaustiva y un pronunciamiento claro por parte de las autoridades. No puede pasar que nuestro país se convierta en el espacio para perseguir y silenciar a voces críticas con los gobiernos y los poderes de la región. Así como pasó con el fiscal paraguayo, Marcelo Pecci, en este caso toda las capacidades del Estado deben vertirse en explicar qué ocurrió y por qué parece que no podemos garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos.
El atentado contra el activista Yendri Velásquez y el consultor político Luis Peche ocurrió en Cedritos, en el norte de Bogotá, en una zona residencial y supuestamente segura. Tres hombres les dispararon en repetidas ocasiones y, por fortuna, sólo causaron heridas en las piernas. Inmediatamente las autoridades activaron un plan candado, pero al cierre de esta edición son pocas las respuestas. En cambio, el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó un veredicto en su cuenta de X: “Sabemos que buscan los violentos en este caso. Sabemos de la reunión en Cúcuta de las mafias coordinadas. A quienes quieran la paz se les dará la mano, los demás serán enfrentados con contundencia”, escribió. Y agregó que “Toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse, independiente de sus ideas, es bien recibida, como se ha demostrado en estos años. Nadie puede decir que el Gobierno los ha molestado”.
Sería útil para el país que el presidente Petro cuente qué es eso que saben y quiénes son los autores intelectuales del crimen. ¿Cómo tiene pruebas de que no se trata de un golpe con intereses políticos? ¿Por qué no se le ha contado a Colombia qué fue lo que ocurrió? Con este y con todos los crímenes es irresponsable lanzar frases crípticas sin dar detalles, así como eludir el hecho de que los refugiados venezolanos han criticado la falta de diligencia en Migración Colombia desde que el Gobierno regularizó las relaciones con el régimen de Nicolás Maduro.
Iris Marín, defensora del Pueblo, dijo que Yendri Velásquez, “al igual que muchos otros líderes y lideresas sociales, ha acudido a la Defensoría en busca de acompañamiento para el trámite de su solicitud de protección internacional, luego de haber tenido que huir de su país de origen por persecución derivada de su labor en defensa de los derechos humanos”. Por su parte, Peche fue contundente en su cuenta de X: “Hacer política, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país”. María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela y reciente Premio Nobel de Paz, exigió investigaciones integrales sobre lo ocurrido. Es lo mínimo que deberían hacer las autoridades colombianas.
Colombia no puede prometer ser un refugio seguro para los exiliados si cada tanto se conocen casos como este o los constantes asesinatos de líderes sociales. La influencia de los grupos criminales, así como el uso de ataques sicariales, muestra la incapacidad de las autoridades nacionales y locales para proteger a todos los ciudadanos. No sólo es una vergüenza internacional, sino un incumplimiento de uno de los deberes más básicos de nuestra Constitución. La impunidad no puede ser la respuesta. Es urgente una investigación que le cuente al país y a Venezuela quiénes fueron los responsables de este ataque.
